La enconada oposición que los integrantes del Poder Judicial han presentado en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos ha sacado a la luz, como si se tratara de algo secreto, datos que siempre han sido públicos: cuánto ganan los jueces y magistrados de México.

Lo anterior, luego de que se hayan difundido distintas versiones, la más exagerada de parte del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a que los funcionarios de ese poder son los mejor pagados del mundo, pues percibirían, según su versión, hasta 600 mil pesos mensuales. Esto sería desproporcionado en comparación a los 108 mil pesos que el primer mandatario del país estaría percibiendo a partir de este sexenio.

Cierto que, según el propio AMLO, su salario representa apenas el 40 por ciento del que tuviera Enrique Peña Nieto, que ascendía a 209 mil 135 pesos, considerando su sueldo bruto, de 40 mil 766 pesos, más 167 mil 804 pesos de una “compensación garantizada. Deduciendo impuestos, su remuneración neta era de 142 mil 33 pesos.

Sin embargo, salvo por la declaración del presidente, los 600 mil pesos de remuneración para los integrantes del Poder Judicial no aparecen por ninguna parte. El Diario Oficial de la Federación (DOF) y el manual que regula las remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación, señalan que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibe mensualmente 269 mil 215 pesos. Pero considerando el sistema de gratificaciones, estímulos y prestaciones, sus percepciones netas pueden ascender a los 380 mil pesos.

Esto nos indica que los integrantes del supremo tribunal del país perciben 3.8 veces más ingreso que el presidente de la república. Esta remuneración los coloca, en efecto, como unos de los mejor pagados del mundo, apenas debajo de Suiza, Estados Unidos e Inglaterra. ¿El sistema de impartición de justicia de México es el cuarto mejor del mundo? ¿La carga de trabajo o las responsabilidades de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son casi cuatro veces mayores que las del presidente de la República?

Sin embargo, el natural sospechosismo y la malpensadez que siempre nos han caracterizado nos hacen creer que la lucha enconada que se ha desatado entre los poderes Judicial y Ejecutivo tiene que ver con el dinero que los jueces se echan a la bolsa. Claro que no: lo que los magistrados defienden con denuedo es la independencia de poderes, consagrada en la Constitución. Llevada al extremo, la separación de poderes implica que el Judicial es libre de ponerse los salarios que le dé la gana y nadie puede normarlo.

No obstante, lo que los románticos defensores de la separación de poderes olvidan es que, además de solicitar información sobre los emolumentos de jueces y magistrados, otro molesto elemento donde la opinión pública se entrometerá, sin duda, es en las remuneraciones no oficiales: la eterna sospecha de que buena parte de sus ingresos pueden provenir de la corrupción. De manera que al defender sus ingresos los jueces y magistrados pueden destapar una cloaca. Y este complejo panorama pondrá a prueba, una vez más, las buenas intenciones del presidente de la República.

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