¿Los cacicazgos son cosa de un pasado remoto? ¿O son tristes realidades que se viven en las regiones remotas de la provincia mexicana como especies que creímos extintas pero que gozan de cabal salud? Para el flamante gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, es muy claro que en su peninsular terruño no hay problema: a él lo pueden votar para gobernar por dos años y luego cambiar la ley a conveniencia para que se amplíe a cinco años, porque ¡qué poco tiempo son dos años cuando hay tanta vocación de servicio! Esos problemas, dice, los hacen allá en la Ciudad de México, porque en Baja California todos son felices con estos pequeños ajustes.
Sin necesidad de ser conocedor de las leyes (haría falta uno, e imparcial, de ser posible) resulta extraño que un estado pueda cambiar a su arbitrio las leyes que rigen las elecciones en los estados que forman parte del pacto federal. ¿Qué pasa si un gobernante de Yucatán o Nuevo León decide que lo mejor para su pueblo es que se pueda reelegir o extender su mandato los años que le dé la gana? Lo cierto es que el apoyo que ha recibido de parte de la dirigencia de Morena, cuyos valores presumidos han sido la transparencia y el combate a la corrupción, resulta sospechoso.
Más aún cuando la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, afirmó públicamente que lo legal es el periodo de dos años por los cuales fue electo Bonilla y en privado y de frente al interesado, afirma que la norma “va a pervivir”, queriendo decir que se sostendrá la ampliación de mandato que de manera tan cuestionable se dio. Se tienen testimonios de sobornos entregados a los diputados locales para apoyar la “Ley Bonilla”, por ejemplo, el del presidente del Congreso del estado de Baja California, Edgar Benjamín Gómez Macías, quien denunció que el administrador de aduanas de Mexicali, Alejandro Miramontes Armenta, le había ofrecido un millón de dólares por convocar a la asamblea para ampliar el periodo.
Si bien la secretaria Sánchez Cordero parece más fácil de convencer que los propios diputados bajacalifornianos, la oposición no parece del todo convencida de dar su brazo a torcer. No se trata de una mera concesión o de hacer la vista gorda: se trata de sentar un precedente cuyas consecuencias son incalculables. ¿Se puede permitir este tipo de “ampliaciones”, “correcciones” o “ajustes” a un proceso que fue convocado con unas reglas y cambiarlas a posteriori? Si se permite en BC, esto mismo podría ocurrir en cualquier entidad federativa.
Lo que está en juego en Baja California no es el hecho de que el gobernador siga ayudando a sus paisanos tres años más. Están en juego la credibilidad del sistema electoral en su conjunto, la gobernabilidad, la legalidad que se sustenta en el principio de la no reelección, la confianza en los órganos electorales como garantes de la democracia, la creencia de que la opinión de muchos puede estar por encima de la voluntad o el capricho de una sola persona.
