El proyecto de acuerdo por el que el ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal pretende ejercer actos de dominio sobre cinco unidades vehiculares fue aprobado por el Congreso del estado en sesión ordinaria.
Lo anterior a petición del municipio en cuestión y con documentos que emitió Isela Carvajal Parra, síndico municipal, en los cuales darán de baja a cinco unidades motoras que han cumplido con el servicio para el que fueron adquiridas.
Se trata del automóvil Seat, tipo Ibiza Stella, modelo 2002; vehículo Corsa, marca Chevrolet, modelo 2006; camioneta Durango, marca Dodge, modelo 2008; camioneta Ranger, marca Ford, modelo 2011 y motocicleta marca Dinamo, modelo 2014.
Pese a lo anterior, el ayuntamiento promovente acredita la propiedad únicamente de cuatro unidades a vender, para tal efecto exhibe la factura respectiva en copia certificada, documentos que hacen prueba plena en virtud de que la certificación de los mismos, está facultada al secretario del ayuntamiento.
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Por lo que corresponde al vehículo Seat, tipo Ibiza Stella, modelo 2002, se advierte que la factura es expedida a nombre de María Elena Osorio Padilla, omitiendo el endoso correspondiente circunstancias que no permiten conceder la autorización solicitada.
Puesto que al otorgar el ejercicio de actos de dominio resultaría irregular y lesionaría los derechos de quien adquiera dicha unidad automotor, por no contar con la certeza jurídica para adquirir el citado bien mueble.
Con lo descrito con anterioridad, el Pleno del Legislativo aprobó al ayuntamiento del municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, para ejercer actos de dominio respecto de cuatro unidades vehiculares que forman parte de su patrimonio.
Dictado lo anterior, el procedimiento de licitación y subasta, respecto de la venta, se realizará bajo los lineamientos y supervisión que para tal efecto dicte y realice el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.
Es preciso señalar que derivado de la inspección efectuada por el Equipo Técnico, se observó que respecto de las unidades vehiculares que el ayuntamiento peticionario pretende enajenar, es procedente toda vez que su estado es deplorable y su reparación generaría un sobregiro en sus finanzas del municipio.
