Recientemente, la diputada Adriana Dávila Fernández y el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron una denuncia de hecho en la Fiscalía General de la República (FGR).
Lo anterior en contra de quien o quienes resulten responsables por el robo de medicamentos oncológicos el pasado cuatro de octubre en las instalaciones de la empresa Novag infancia S.A. de C.V., en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.
Acompañada por 32 firmas de legisladoras y legisladores del PAN, el documento presentado ante el Ministerio Público de la Federación advierte conductas negligentes y omisiones por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Lo anterior derivado de lo dicho por el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Alonso Novelo Baeza, durante su comparecencia en el Senado de la República, donde admitió que si tardaron cinco días en emitir la alerta sobre el robo de medicamentos oncológicos fue porque se estaba integrando el expediente en la FGR.
De acuerdo con Dávila Fernández y Ramírez Barba, hay inconsistencias entre lo que ha dicho la autoridad sobre el robo de esos medicamentos, en primer lugar, cuestionan en la denuncia ¿Cómo se adquirió el medicamento y cómo se importó a México?.
Pues ninguna de las marcas mencionadas en el comunicado de Cofepris cuenta con un registro sanitario en México, ni a nombre del laboratorio mencionado, ni del fabricante, ni del laboratorio argentino Kemex.
En el escrito presentado en la FGR también cuestionan si el almacén privado tiene las condiciones adecuadas para resguardar medicamentos oncológicos, los cuales requieren de condiciones especiales de resguardo, como temperaturas y rangos de humedad precisos.
Dávila Fernández y Ramírez Barba, así como las y los 32 diputados panistas precisan que todos estos aspectos denotan conductas irregularidades que afectan seriamente el derecho a la salud y al erario federal, razón por determinaron presentar una denuncia de hechos.
Por ello, exigieron se realicen las investigaciones correspondientes y, en su oportunidad, se ejerza la acción penal correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables de este delito.
Además, solicitaron que con el propósito de garantizar una correcta investigación, sin la interferencia de las autoridades, se dicte medida cautelar de la suspensión en el cargo del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; del titular de la Cofepris, José Alonso Novelo Baeza, y del titular del Insabi, Juan Ferrer Aguilar.
