“El Gobierno abierto surge como un nuevo paradigma y modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad: transparente, multidireccional, colaborativo y orientado a la participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas, a partir de cuya plataforma o espacio de acción es posible canalizar, articular y crear valor público desde y más allá de las fronteras de las burocracias estatales”.
La anterior es una definición vertida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) respecto del concepto de “Gobierno abierto”, dentro de la cual destaco los adjetivos de “colaboración” y “participación” ciudadana, mismos que contribuyen al desarrollo y consolidación del Estado democrático, así como al bienestar social.
Más allá de los espacios oficiales con los cuales cuentan los órganos pertenecientes a los distintos Poderes sean del ámbito federal, estatal o municipal; que tienen la finalidad de dar cumplimiento a este modelo de Gobierno transparente, es importante recordar la existencia de otros canales de comunicación menos formales, pero en ocasiones más efectivos al momento de interactuar con la ciudadanía.
En este sentido una de los medios informales que por antonomasia permiten la colaboración y participación ciudadana en el seguimiento y la toma de decisiones, es la red social Twitter, debido a que cuenta con treinta y cinco punto seis millones de usuarios en México activos mensualmente, e incluso es tan diversa que de acuerdo con información de la revista Proceso, veintiséis por ciento de los mismos son madres de familia con una edad promedio de treinta y ocho años; cabe resaltar que diecisiete por ciento de estos usuarios siguen a políticos y servidores públicos e incluso utilizan la aplicación como un canal de interacción frente a estos.
Sin embargo, diversos son los ejemplos de servidores públicos que no solo no han contribuido al desarrollo del modelo de Gobierno abierto, sino por el contrario, lo han entorpecido, una clara muestra de esto es el célebre caso ocurrido el 20 de marzo de hace dos años, cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo al periodista Miguel León, debido a que el mismo fue bloqueado en Twitter por el Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler.
Al respecto, el garante máximo de la Constitución resolvió lo siguiente:
“Al ser una persona pública y particularmente un funcionario público (Jorge Winckler), su derecho a la intimidad se ve desdibujado en aras de favorecer el derecho a la información. Esto es así porque los temas de interés general, como los relacionados con el desempeño de su gestión gubernamental, están sometidos a un fuerte nivel de escrutinio por parte de los medios de comunicación y la sociedad”. Horas después del fallo, el Fiscal se vio obligado a desbloquear al periodista.
Queda claro que hay servidores públicos carentes de voluntad al momento de respetar el modelo de Gobierno abierto, e incluso hay quienes lo minimizan y lo ignoran, esto se debe en parte, a que han estado acostumbrados a realizar política a la vieja usanza en un entorno en el cual la transparencia no era tan común.
De igual forma existen los que “tratan de ser más abiertos y transparentes” a través de sus redes sociales, sin embargo, en realidad malentienden este modelo y lo emplean como una vía de promoción de su propia imagen, dejando de lado la verdadera razón de ser del Gobierno abierto, es decir, la atención de las problemáticas, exigencias sociales, así como la rendición de cuentas y por ende una verdadera interacción con la ciudadanía.
Desafortunadamente y en adición a lo anterior, actualmente somos testigos de un sin número de cuentas de Twitter pertenecientes a ayuntamientos, legisladores, áreas de promoción turística e incluso de servicios de seguridad y protección civil que están en completo abandono, lo cual es completamente incongruente tomando en cuenta la proximidad sin precedentes que permite una red social de este tipo entre el ciudadano y el servidor público, dejando de lado al mismo tiempo, una gran oportunidad para enfrentar problemas de manera inmediata como robos, incendios, asaltos y accidentes de tránsito por solo mencionar algunos.
Responsabilidad social
Concluyo esta breve reflexión, invitando a los lectores a que en primer lugar conozcan sus derechos, debido a que como decía el jurista estadounidense Ramsey Clark: “un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar”, en este sentido, se vuelve importante conocer los derechos que por el simple hecho de ser humanos detentamos, con la finalidad de poder exigirlos cuando se vean amenazados.
Respecto al tema específico del Gobierno abierto, es fundamental que ejerzamos de manera constante los derecho consagrados en el artículo sexto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, la libre manifestación de las ideas a través de cualquier medio, así como el derecho a la información, esto con la finalidad de acostumbrar a los servidores públicos a respetar los mismos.
Como ciudadanos es importante luchar por la obtención de espacios donde podamos expresar nuestras ideas e inquietudes con la intención de que las mismas lleguen a aquellas personas que toman las decisiones en nuestro país, pero al mismo tiempo debemos ser conscientes que la mesura y el respeto deben prevalecer, el hecho de que los servidores públicos tengan la obligación de evitar bloquear a los ciudadanos en sus redes sociales de ninguna manera tendría que ser una invitación a los insultos y descalificaciones sin fundamentos, porque debemos aceptarlo, esto es algo que también acontece. Ya lo decía la activista Cynthia McKinney; “somos mucho más fuertes cuando nos tendemos la mano y no cuando nos atacamos, cuando celebramos nuestra diversidad y juntos derribamos los poderosos muros de la injustica”.
Twitter: @JUANFERESPINO
