José Miguel C. Núñez Núñez
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde diciembre de 2018 y hasta el 30 de junio de 2021, en el país se registraron 89 mil 64 homicidios dolosos y dos mil 555 feminicidios, que sumados alcanzan las 91 mil 619 muertes violentas en el país.
Tras la jornada electoral del 6 de junio, la violencia se recrudeció en el país. Un mes antes de la jornada electoral, las fiscalías y dependencias federales reportaron el homicidio doloso de dos mil 370 personas en el país y un mes después esa cifra se ubicó en dos mil 401, es decir, hubo 31 asesinatos más.
Oficialmente, hasta el 18 de septiembre del presente 2021, han muerto en el país, 271 mil 303 a causa del COVID-19. Sin embargo, el dato oficial también de exceso de mortalidad, registra 567 mil mexicanos muertos.
Hugo López-Gatell, en su calidad de subsecretario de la Secretaría de Salud federal, dio a conocer que, durante las dos primeras semanas de clases, se registraron nueve mil 941 casos de COVID-19 entre estudiantes de cinco a 17 años de edad.
Por su parte la Organización Editorial Mexicana (OEM) revisó los registros en las plataformas de la propia Secretaría de Salud y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), encontrando del 31 de agosto al 14 de septiembre, aparecen como contagiados, 17 mil 526, de cinco a 19 años de edad, requiriendo hospitalización 345, muriendo 20, en los últimos 10 días.
De diciembre 2018 a septiembre 2021, el viacrucis que han sufrido en México, ambientalistas, activistas sociales y periodistas, no ha disminuido ni un ápice y si aumentado la represión de que son objeto, migrantes de diversos puntos del planeta que intentan ingresar a nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos.
La militarización que domina en el ejercicio del poder de la 4T y el continuo amedrentamiento de que son objeto desde el poder, medios de comunicación y periodistas, desde las mañaneras, con el atril y el micrófono presidencial de por medio, todo en conjunto, configuran a la perfección el necropoder, por ende, la necropolítica en acción, en México.
“La necropolítica es una lógica perversa que impone la violencia, el olor y la muerte como instrumento de dominación política. La tortura, el exterminio y el despojo de la dignidad humana, son métodos de control de grupos, colectivos y minorías sociales, políticas o étnicas… bajo este manto del caos, mujeres activistas, indígenas jóvenes, periodistas, políticos académicos, candidatos a puestos de elección popular, y minorías sociales, son objeto de violencia y muerte… “(Luis Lozada León. Milenio. 24.05.2015).
Achille Mbembe, al analizar la necropolítica en la estructuración social de los actuales Estados africanos, concluye que esta “surge en un contexto de gran desabastecimiento, desinstitucionalización, violencia generalizada y desterritorialización.”
Si recordamos, la actual administración se inauguró con un desabasto atroz de gasolinas, al que siguió el de medicinas, que no ha concluido, en tanto se han realizado compras de emergencia, tanto por la exigencia de las propias instituciones de salud, como de la presión social, particularmente de los padres y madres de los pacientes pediátricos oncológicos.
A la par de lo anterior, se da el desmantelamiento del Seguro Popular, que hasta la fecha no ha logrado ser superado en su funcionalidad ni alcance social y para desgracia de México y de las y los mexicanos sin seguridad social, el “INSABI” no ha alcanzado forma institucional. Parafraseando a sus siglas, “NADIESABE”.
En el discurso presidencial se dio por muerto al Estado Mayor Presidencial (EMP). En el presupuesto sigue vivito y coleando. Con motivo de la visita de presidentes de países latinoamericanos y demás dignatarios que acudieron a la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizado en la ciudad de México este fin de semana que pasó, nuevamente entró en acción el EMP.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha desaparecido oficialmente, pero pareciera estarlo ya. El Instituto Nacional Electoral (INE); el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), han estado en la mira presidencial para desaparecerlos.
Esto es. Se estaban dando las condiciones para crear un entorno de desabasto y desinstitucionalización, como condiciones junto con la violencia generalizada, para que se instaurara en México, el necropoder.
Gracias al voto libre de las y los ciudadanos, el pasado 6 de junio, al no alcanzar Morena la mayoría calificada en el Congreso federal, difícilmente podría seguir adelante la desinstitucionalización y es de esperar, que desde el Congreso federal se pare ya, el desabasto de medicamentos.
Digo difícilmente podría, porque eso va a depender de los partidos políticos representados en las dos cámaras federales. Ojalá no permitan la desinstitucionalización de México. De eso depende que no se instaure en México, el necropoder. Todavía estamos a tiempo de evitarlo. No podemos aceptar que la muerte sea el instrumento de dominación, poder y gobierno en México.
