Por: Doctor Rubén Blanca Diaz
En un país con una riqueza cultural tan vasta como México, las desigualdades históricas han sido también profundas y persistentes. Sin embargo, en las últimas décadas, el país ha avanzado en la construcción de un marco legal para combatir la discriminación. Aunque aún existen brechas entre la ley y la realidad, los pasos dados en el plano normativo representan un cambio sustancial en la forma en que la sociedad mexicana se enfrenta a la exclusión.
Una deuda histórica
México ha vivido largos periodos de marginación hacia comunidades indígenas, personas afrodescendientes, mujeres, personas con discapacidad y la comunidad LGBTQ+, entre otros grupos. Esta discriminación estructural no solo ha limitado el acceso a derechos básicos como educación, salud o empleo, sino que también ha fomentado una cultura de silencio y tolerancia hacia los actos discriminatorios.
El primer gran paso: la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003)
Uno de los avances más relevantes fue la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en 2003. Esta ley no solo reconoció de manera explícita la existencia de prácticas discriminatorias, sino que creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), un organismo clave para la denuncia, seguimiento y generación de políticas públicas en la materia.
A través de esta legislación, se definió legalmente la discriminación como “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.
Reformas constitucionales: igualdad desde la raíz
En 2011, una reforma histórica al Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos elevó el principio de igualdad y no discriminación al más alto nivel legal. La modificación estableció que “todas las personas gozarán de los derechos humanos […] sin discriminación alguna”, y que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos.
Esta reforma no solo fortaleció el marco jurídico, sino que obligó al Estado mexicano a adoptar un enfoque más proactivo en la defensa de los derechos humanos, considerando incluso tratados internacionales como herramientas vinculantes.
La expansión de derechos: matrimonio igualitario y reconocimiento de identidades diversas
A nivel estatal, México ha avanzado en legislar sobre derechos específicos que históricamente han sido negados por razones discriminatorias. El matrimonio igualitario, por ejemplo, ha sido aprobado en todas las entidades federativas, aunque en muchos casos mediante resoluciones judiciales, ante la resistencia de algunos congresos locales.
Asimismo, se han aprobado leyes que permiten el reconocimiento de la identidad de género en actas de nacimiento, aunque este derecho aún no es accesible de forma uniforme en todo el país.
Retos persistentes: discriminación normalizada y falta de acceso
A pesar de los avances normativos, la discriminación sigue siendo una realidad cotidiana. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), la mayoría de las personas en México ha presenciado o experimentado actos discriminatorios, ya sea por su apariencia, nivel socioeconómico, género, orientación sexual o etnia.
El reto más grande quizá sea traducir las leyes en cambios culturales profundos. La existencia de normas no garantiza por sí sola la eliminación del racismo, el clasismo o la homofobia. Se requieren políticas públicas con enfoque interseccional, educación en derechos humanos y mecanismos eficaces de justicia para quienes enfrentan discriminación.
Conclusión: de la norma a la transformación social
El avance normativo en México contra la discriminación es innegable. El país ha creado un andamiaje legal sólido que, en el papel, protege la dignidad y los derechos de todas las personas. Pero la lucha contra la discriminación no se libra únicamente en los tribunales o en los congresos. Es, sobre todo, una batalla por la conciencia colectiva, la empatía y la justicia social.
La ley ha hecho su parte. Ahora, le toca a la sociedad cerrar la brecha entre lo legal y lo real.
sobre el autor: Abogado Notario y Actuario egresado de la BUAP, Maestro en derecho y ciencias penales, Doctor en derecho, tutor académico e investigador, activista, miembro de la Asociación de docentes, capacitadores y tutores de educación superior del Estado de Puebla ADUP AC, la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales SOMEE y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales AMEI.
