La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) presentó en recientes fechas el Informe de Observación de la elección del Poder Judicial Federal 2025.
Acción con cobertura en más del 60 por ciento de los distritos electorales y observadores en el 65 por ciento del territorio, a través de la acción comprometida de los socios y ciudadanos convocados por los Centros Empresariales y otras OSCS del país, el organismo empresarial reveló hallazgos que comprometen la legitimidad del proceso y alertó sobre riesgos para la autonomía judicial.
El informe, que ya fue entregado formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE), consolida evidencia técnica, jurídica y ciudadana sobre un modelo que debe corregirse de fondo.
COPARMEX consideró que: «Este es un llamado de atención nacional. No podemos permitir que la justicia quede sujeta al cálculo político. Porque si bien la elección concluyó en las urnas, el verdadero desafío comienza ahora: garantizar que quienes fueron electos ejerzan su función con integridad, y que las fallas estructurales documentadas no se repitan en el proceso electoral judicial del 2027«.
Empresariales en todo el país, con sus socios, hicieron posible recopilar y documentar todo lo acontecido durante la jornada electoral donde la ausencia de legislación secundaria, sumada a criterios emitidos a destiempo, generó incertidumbre y vacíos legales que vulneraron la equidad del proceso, consideró COPARMEX.
Asimismo, el informe documentó que la elección judicial 2025 dejó en evidencia un modelo fallido desde su diseño. El proceso estuvo marcado por control político, desinformación y ausencia de garantías institucionales.
La selección de candidaturas, definida por tómbolas sin criterios técnicos ni transparencia, renunció al mérito y privilegió la improvisación. La falta de legislación secundaria, sustituida por criterios emitidos de forma tardía, generó vacíos normativos e inequidad procesal.
La participación fue mínima: solo el 13 por ciento del padrón acudió a las urnas, mientras que más del 16 por ciento de las boletas fueron anuladas, declaradas inválidas o extraviadas sin explicación oficial.
En términos reales, casi dos de cada 10 votos no se contabilizaron. Además, en al menos 21 distritos se registraron patrones idénticos entre «acordeones» y resultados confirmando que la operación política influyó más que la voluntad ciudadana.
