Federación concentra problemática por cobros excesivos en grúas
El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Marco Tulio Munive Temoltzin, hace días durante el Diálogo Circular reconoció que la principal problemática en el servicio de arrastre, salvamento y grúas en Tlaxcala se concentra en los tramos carreteros de jurisdicción federal, donde las tarifas no están reguladas por el gobierno estatal, lo que ha generado quejas ciudadanas por cobros excesivos.
El funcionario explicó que aproximadamente el 70 por ciento de la red carretera en Tlaxcala corresponde a tramos federales, donde desde hace años la Federación otorgó permisos a empresas privadas para prestar estos servicios, sin control directo del estado.
“En esos tramos las tarifas están liberadas, por eso hay discrepancias y quejas ciudadanas por los cobros excesivos”, señaló Munive Temoltzin, quien detalló que el gobierno estatal busca firmar un convenio específico con la Federación para que el Estado también pueda regular estos servicios en carreteras federales y así evitar abusos.
El secretario confió en que el acuerdo pueda concretarse durante el primer trimestre del año, lo que permitiría establecer reglas más claras y proteger a los usuarios.
Munive Temoltzin destacó que, a diferencia de los tramos federales, el servicio en carreteras estatales ha sido regulado con resultados positivos, ya que las tarifas de grúas y salvamento en la entidad son hasta 40 por ciento más económicas que las federales, lo que ha reducido significativamente las quejas.
Actualmente, ocho zonas o “faros” operan con concesionarios regulados por el estado, con tarifas definidas y supervisión permanente, lo que ha permitido ofrecer un servicio más accesible a la población.
La regulación de los servicios de arrastre, salvamento y depósitos vehiculares ha sido una de las demandas recurrentes de automovilistas, quienes han denunciado cobros excesivos tras accidentes o infracciones. Por ello, el gobierno estatal ha impulsado la entrega de concesiones a empresas locales y la publicación de un reglamento para establecer tarifas máximas y criterios de operación.
De acuerdo con la SMyT, la intención es que el modelo estatal pueda replicarse en coordinación con la Federación para garantizar tarifas justas y evitar abusos contra los usuarios.
