Por Ángelo Gutiérrez Hernández
Hay ocasiones en las que la incongruencia política es tan evidente que resulta imposible no señalarla. Lo ocurrido esta semana con la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al proceso electoral de Colombia es uno de esos casos.
Durante meses, la titular del Ejecutivo federal ha construido buena parte de su discurso internacional alrededor de una idea, la de rechazar cualquier intervención extranjera en los asuntos internos de México.
Sin mediar palabras ni razón, lo ha dicho una y otra vez cuando se habla de la violencia generada por los cárteles, cuando legisladores estadounidenses cuestionan la estrategia de seguridad de Morena o cuando autoridades de aquel país expresan preocupación por el avance del crimen organizado en territorio mexicano.
“México es un país libre, soberano e independiente”, ha repetido la presidenta. Y tiene razón. Ninguna nación debe intervenir en los asuntos internos de otra.
El problema es que ese principio parece ser válido únicamente cuando le conviene políticamente.
Porque ahora resulta que la misma presidenta que exige respeto absoluto para México decidió pronunciarse sobre una elección en Colombia, cuestionando los resultados preliminares y respaldando las acusaciones de fraude lanzadas por el presidente Gustavo Petro, luego de que el candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, obtuviera una ventaja significativa en la primera vuelta electoral.
No se trata de una opinión cualquiera. Se trata de la jefa del Estado mexicano sugiriendo que existe la posibilidad de irregularidades en una elección extranjera sin que hasta el momento las autoridades electorales colombianas hayan acreditado tal situación.
Es exactamente el tipo de conducta que Morena condena cuando proviene de otros gobiernos.
La contradicción es monumental.
Mientras acusa a Estados Unidos de intromisión cuando aborda temas como el narcotráfico, el tráfico de fentanilo o la violencia en México, la presidenta considera legítimo intervenir en la discusión pública de un proceso electoral que corresponde exclusivamente a los colombianos.
¿En qué momento dejó de aplicar el principio de no intervención?
¿Dónde quedó aquella máxima juarista que tanto invoca el oficialismo?
“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
La frase de Benito Juárez no admite interpretaciones selectivas. No dice que el respeto sea obligatorio únicamente cuando gobiernan los aliados ideológicos de Morena. Tampoco establece excepciones para respaldar gobiernos afines al llamado progresismo latinoamericano.
Si los colombianos decidieron respaldar mayoritariamente una opción política distinta a la izquierda, corresponde únicamente a ellos resolver su futuro en las urnas.
La democracia funciona precisamente así.
Lo verdaderamente preocupante es que el discurso presidencial parece revelar algo más profundo como es la dificultad que tiene la izquierda latinoamericana para aceptar que millones de ciudadanos comienzan a rechazar los resultados de gobiernos incapaces de resolver problemas como la inseguridad, el estancamiento económico o la corrupción.
La victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta no es un accidente. Es parte de una tendencia regional que ya se observó en Argentina, Paraguay, Ecuador, Panamá y República Dominicana, donde amplios sectores sociales han decidido buscar alternativas frente al fracaso de proyectos populistas.
En lugar de respetar la voluntad popular, algunos gobiernos prefieren sembrar dudas sobre los resultados cuando éstos no les favorecen.
Eso sí es una amenaza para la democracia.
Lo de Claudia Sheinbaum no es un error diplomático. Es una muestra de doble discurso y su incongruencias y es una burla. Una burla a la congruencia, una burla a la doctrina histórica de la política exterior mexicana y una burla al principio democrático que Morena dice defender.
