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Washington. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció hoy que mantendrá la prohibición de entrada al país de inmigrantes de siete países con mayoría musulmana a pesar de la decisión de una jueza de bloquear la deportación de algunos a sus naciones de origen.
“La orden ejecutiva del presidente sigue en su lugar, los viajes prohibidos seguirán prohibidos y el gobierno de Estados Unidos retiene su derecho a rebuscar las visas en cualquier momento del retenido por seguridad nacional o seguridad pública”, señaló el DHS.
El día de ayer 28 de enero, una jueza federal bloqueó parcialmente la orden ejecutiva migratoria del presidente Donald Trump y prohibió que los inmigrantes de siete países detenidos en Estados Unidos sean deportados a sus países de origen.
La jueza Ann Donnelly de la Corte Federal Distrital de Brooklyn determinó que la ejecución de las acciones ejecutivas del presidente podría provocar “daño irreparable” en los inmigrantes, muchos de los cuales han recibido visas o estatus de refugiados.
Su dictamen tuvo lugar en medio del surgimiento de protestas espontáneas en varias de las principales terminales de Estados Unidos, incluido en Nueva York y Dallas.
En respuesta, el DHS sostuvo que la orden ejecutiva afecta a una porción menor de viajeros internacionales y representa el primer paso para restablecer el control de Estados Unidos sobre sus fronteras y seguridad nacional.
Aproximadamente 80 millones de viajeros internacionales entran a Estados Unidos cada año.
“Ayer menos del 1.0 por ciento de los más de 325 mil viajeros internacionales que arriban diariamente tuvieron la inconveniencia mientras se implementan las medidas de seguridad reforzadas”, señaló el DHS.
Trump anunció el viernes nuevas medidas para verificar los antecedentes de refugiados que buscan asilo en Estados Unidos a fin de impedir el ingreso de potenciales terroristas.
Asimismo suspendió durante 120 días la entrada de todos los refugiados, detuvo indefinidamente la llegada de aquellos procedentes de Siria y durante 90 días la de siete países con población predominantemente musulmana: Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán.
El DHS señaló que los viajeros de esos países están siendo procesados para su centrada en Estados Unidos, consistentes con las leyes migratorias y las órdenes judicial.
“Ningún extranjero en tierra extranjera, con vínculos de Estados Unidos, tiene un derecho total a demandar entrada a Estados Unidos o a demandar beneficios migratorios en Estados Unidos”, señaló.
El fallo de la jueza Donnely no incide sobre la decisión de la administración Trump de suspender la entrada de los inmigrantes, sólo su deportación.
Abogados del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) impugnaron el fin de semana ante la Corte la constitucionalidad de sus acciones y pidieron a los tribunales que sean puestas en suspenso.
El recurso legal fue hecho con un enfoque generalizado de tal manera que representaría los derechos de todos los refugiados inmigrantes que sean detenidos en los puertos de entrada al país tras la emisión de las órdenes ejecutivas.
