La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó que los servidores de la nación promovieron indebidamente la imagen del presidente Andrés López durante el censo y distribución de los programas sociales, lo que representa una violación a la ley.
El órgano judicial comprobó que estos funcionarios no cumplieron con las medidas cautelares ordenadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) al mantener el nombre e imagen del mandatario en su vestimenta así como en su discurso.
No obstante, los magistrados deslindaron de cualquier responsabilidad al mandatario y a la titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores, por lo que las sanciones se limitaron a los delegados y subdelegados en estados y regiones.
La Sala Especializada del TEPJF acredito que al menos 36 servidores públicos realizaron actos de propaganda y promoción personalizada, al atribuir la entrega de programas sociales al beneficio de una persona, en este caso, López.
La magistrada presidenta Gabriela Coello Villafuerte aseguró que en un país con profundas desigualdades como México, en donde la pobreza ha sido utilizada con fines electorales, el uso de recursos públicos para expresar gratitud a una persona cuando los programas sociales son parte de planes y agendas de gobierno, manda una idea equivocada a la ciudadanía.
Asimismo, advirtió que era necesario dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para que analice el caso; sin embargo, la propuesta no fue respaldada por los magistrados María del Carmen Carrión ni por el magistrado en funciones, Carlos Hernández Toledo.
