La empresa Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz, que cuenta con la concesión por un siglo para el manejo del Puerto de Veracruz, es un empresa desconcentrada del gobierno federal, con directivos designados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Ayer martes, en su conferencia diaria, López amenazó con eliminar la concesión, al denunciar que esta había sido extendida por un siglo, como un ejemplo de la corrupción en el país, argumentando que “se había entregado el puerto a una empresa privada”.
Sin embargo, la empresa que citó, aunque su nombre prefirió omitir es, en realidad, una paraestatal, propiedad del Estado y sus directivos son funcionarios públicos.
Eso sucede en todos los puertos de México, salvo el de Acapulco, cuya concesión sí pertenece en un 51 por ciento a un particular.
No obstante, es verdad que la concesión obtenida por APIVER se extendió hasta 2094. Esto ocurrió el 5 de abril de 2017 por parte de la SCT en una prórroga que fue otorgada el 6 de julio de 2018.
El Financiero apuntó que la API Veracruz forma parte del litoral Golfo de México-Caribe junto a los puertos, también de administración gubernamental, de Dos Bocas, Progreso, Tampico, Tuxpan, Altamira y Coatzacoalcos.
Por su parte, Animal Político apuntó que APIVER es una empresa de participación estatal mayoritaria, constituida el 15 de diciembre de 1993 mediante escritura pública número 30119.
El valor de APIVER se divide en acciones de dos tipos A (51%, solo suscritas por gobiernos locales y federal) y B (que pueden ser participadas por particulares, aunque con una cláusula de exclusión de extranjeros).
Según su escritura pública, la API del Puerto de Veracruz tiene como únicos accionistas al gobierno federal y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C, cuya entidad superior es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Aunque los puertos mexicanos son propiedad pública y pertenecen a todos los ciudadanos, pueden ser concesionados para su administración, construcción y operación.
En el caso de la API Veracruz, esta tiene incluso una estructura que depende de otras secretarías, por ejemplo, el Órgano Interno de Control de la administración portuaria responde a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La API Veracruz recibe, como las otras 15 administraciones, presupuesto a través de la propia SCT.
La propia Ley de Puertos indica que la administración de terminales, instalaciones y puertos de influencia preponderadamente estatal, podrán ser concesionadas a “una sociedad mercantil constituida por el gobierno federal o estatal”.
