Erase una vez un régimen político en el que los gobiernos federales en turno (PRI y PAN) dedicaban cada año cuantiosos recursos del erario público, cientos de millones de pesos, a la difusión elogiosa de sus actos y presuntos logros.
En ese tiempo, nunca los medios de comunicación masiva tuvieron el menor reparo en difundir los mensajes gubernamentales. Siendo actos de compra de tiempo en medios, se actualizaba la consigna de que “el que paga manda”.
En sentido estricto, la difusión de los mensajes gubernamentales encuadra aquí en la figura de propaganda política pagada, es decir, de compraventa de publicidad.
Luego, en tiempos de campaña, solía suceder que los gobiernos federales en turno enfilaban sus mensajes pagados (propaganda) hacia la masa potencial de electores, con miras a incrementar la votación para sus partidos, coaliciones y candidatos.
La práctica gubernamental del uso intensivo y selectivo de la propaganda política en tiempos electorales se hizo presente en las elecciones presidenciales del año 2000 y, como sabemos, hizo crisis en la controversial elección de 2006.
El bestialmente asimétrico modelo de comunicación política del ancien régime pripanista perredista, propagandista, publicitario y plutocrático, vio su fin con la reforma de 2007.
Para tales efectos, prohijó la actual y caricaturesca distinción entre propaganda política, la compra de tiempos para el autoelogio gubernamental que ocurre fuera de los tiempos de campaña; y propaganda electoral, compra de tiempos para difundir autoelogios tendientes a modificar las preferencias electorales.
Adicionalmente, la reforma de 2007 prohibió la compraventa de publicidad para efectos de propaganda electoral, con lo cual dio un tiro de gracia a un mercado de publicidad, la publicidad político-electoral, cuyo valor asciendía en ese momento a miles de millones de pesos
De fondo, la disputa entre AMLO-la 4T y el INE estriba en que, a decir del arbitro electoral, AMLO usa ilegalmente el espacio de sus conferencias mañaneras para lanzar mensajes favorables a su visión política y, de modo más específico, para hacer proselitismo electoral.
Y, por su parte, AMLO y su 4T vindican su visión de las mañaneras como un acto legal y legítimo de la libertad de expresión política y de responsabilidad con el derecho a la información de los gobernados.
Así las cosas,el choque entre la 4T y el INE luce inminente y con desenlace incierto.
Las poco juiciosas declaraciones públicas de Lorenzo Córdova, presidente del Consejo General, y del consejero Ciro Murayama dejan ver un árbitro simplón y faccioso, empeñado hacer pasar su conducta opositora a la 4T como si fuese autonomía, y bastante corto en el entendimiento de los cambios estructurales de la política mexicana y la estrechez semántica del marco legal electoral vigente.
El hecho es que las mañaneras son hoy una herramienta toral, si no es que la más relevante, de comunicación política de AMLO y su 4T.
El hecho es que, a diferencia de las herramientas publicitarias de sus antecesores del PRI y el PAN, las mañaneras cuentan con un auditorio amplio y vigoroso con alta motivación a escuchar a AMLO, que involucra incluso a un cúmulo considerable de empresas mediáticas y opinadores.
El hecho es que el fenomenal impacto comunicativo de las mañaneras guardan poca proporción con los contados recursos públicos empleados para su confección y difusión.
El hecho, ciertamente, es que las mañaneras representan un factor de mejoramiento del capital político y electoral de Morena y la 4T, en desmedro de las posibilidades competitivas de sus opositores. Tan cierto como ello resulta que la obtención de dicha ventaja dista mucho de cifrarse en el despliegue de recursos públicos por parte de la presidencia y el gobierno federal.
En un balance calmo de los factores por los cuales el INE optó por tipificar las mañaneras como precursoras de actos de propaganda electoral y amenazar con la aplicación de medidas restrictivas y punitivas, parece tener mayor peso el cálculo sobre las consecuencias esperadas de minar el potencial electoral de la 4T. Y otro tanto puede decirse del modo simplón en el que, sin pasos intermedios, las autoridades electorales coligen la existencia de propaganda electoral dentro las mañaneras.
Si algo ha quedado en claro en este primer tramo de la actual administración, es el giro de 180 grados en la política de adquisición de publicidad gubernamental. Y en tal sentido, no está de más suponer que marco legal electoral vigente se quedó como colgado en el aire, es decir, sin bases de sustento.
Claro, los consejeros electorales citados podrán insistir en su intrepretación letrista de la ley e incluso arroparse en las banderas del Estado de Derecho. Sus defensores, más aún, intentarán presentarlos como defensores de la autonomía institucional.
Ausente el ogro, quizás sea tiempo de pensar fuera de lo caja de candados que se inventaron para contenerlo. Y si de entrarle al toro por los cuernos se trata, es tiempo de decir con todas sus letras que en la República por construir no ha lugar a propaganda política ni electoral financiada con dinero público.
Quizás luego de eso se pueda entrar en una etapa en la cual el gobierno y la oposición puedan hacer comunicación política de altas miras. Con todo respeto, ya es tiempo de pensar en un modelo de comunicación que privilegie las ventajas debidas de los competidores y deje de lado su obsesión por la equidad ficticia.
