El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la ciudad de Boston y su alcaldesa, Michelle Wu, por mantener políticas de refugio que, según el gobierno de Donald Trump, interfieren con las leyes migratorias federales.
La acción legal se basa en que Boston, considerada una “ciudad santuario”, limita la cooperación entre sus autoridades locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que, según el Gobierno, impide la detención y deportación de migrantes con antecedentes penales.
Boston, en la mira
La fiscal general, Pam Bondi, acusó a la alcaldesa Wu de liderar una administración que, según sus palabras, «protege a extranjeros ilegales de la justicia». La demanda señala que las políticas locales socavan el cumplimiento de las leyes migratorias y promueven la liberación de personas en custodia que deberían enfrentar procesos de deportación.
La ciudad de Boston adoptó en 2014 la Boston Trust Act, la cual prohíbe a la policía local compartir datos con ICE sin una orden judicial. Wu reiteró recientemente que cualquier violación de esta norma será sancionada.
Precedente en otras ciudades
El caso de Boston no es aislado. El Gobierno federal ha impulsado demandas similares contra otras jurisdicciones santuario como Nueva York, Los Ángeles y estados como California, Illinois y Colorado. Estas medidas buscan presionar a las ciudades para que alineen sus políticas locales con la agenda migratoria federal.
Durante su primer mandato, Trump intentó congelar fondos federales a ciudades santuario, pero fue enfrentado en tribunales, donde perdió la mayoría de los casos.
