La Fiscalía de la Audiencia Nacional española inició una investigación penal contra Julio Iglesias tras una denuncia presentada el pasado 5 de enero. Dos mujeres que trabajaron para el artista, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, aseguran haber sido víctimas de acoso y agresiones sexuales. El Ministerio Público mantiene las diligencias bajo secreto para determinar la magnitud de los delitos imputados.
La acusación cobró relevancia internacional tras una investigación conjunta de eldiario.es y Univisión Noticias. Ambos medios presentaron testimonios que describen episodios de penetración sin consentimiento, bofetadas y humillaciones laborales sistemáticas. Los hechos habrían ocurrido en diversas propiedades del cantante, donde las empleadas aseguran haber sufrido un entorno de vejaciones constantes.
Las denunciantes entregaron diversas pruebas para respaldar su relato, incluyendo grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas. También aportaron documentos que confirman su relación laboral y los permisos migratorios gestionados por el equipo del intérprete. Profesionales de la salud que atendieron las secuelas de las víctimas también han sido consultados como parte del reporte periodístico.
El Gobierno de España manifestó su apoyo total a la investigación para evitar cualquier espacio de impunidad en la sociedad. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, instaron a las autoridades a llegar hasta el final del caso. Hasta el momento, ni Julio Iglesias ni sus representantes legales han emitido una declaración oficial ante estos señalamientos.
La apertura de este proceso marca un momento crítico en la trayectoria del cantante más exitoso de la música en español. El avance de las investigaciones determinará si existen elementos suficientes para iniciar un juicio formal. La opinión pública permanece atenta a las respuestas del entorno del artista frente a estas graves acusaciones que involucran múltiples jurisdicciones internacionales.
