La Secretaría de Salud, la Procuraduría de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia no tienen plazo límite indemnizar a tres menores que quedaron huérfanos por omisiones que permitieran proteger la vida de su madre, asesinada por su cónyuge militar en 2014, y por lo cual, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo emitió la recomendación R-VG-0001-17.
De acuerdo con el ombudsman José Alfredo Sepúlveda Fayad, las instituciones involucradas no han rechazado la recomendación y deben cumplir con la reparación del daño en un plazo lógico.
Además, proveer a atención psicológica, reparación integral del daño y no sólo indemnización a través de un cheque, la cual debe ser mensual y comprobar que gastos sean para los tres menores, quienes quedaron a cargo de su abuelo octogenario.
Hasta el momento, ninguna de las tres instituciones se ha pronunciado sobre la recomendación que expidió la CDEHE desde el 10 de marzo de 2017, donde solicita reparación integral del daño por las violaciones a los derechos humanos que sufrieron las víctimas, con base en estándares nacionales e internacionales.
Además iniciar procedimientos contra la directora del Centro de la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Sexual, Nora Eleno Sosa Bermudez; integrantes del Ministerio Público Determinador y Especializado en Justicia para Adolescentes de la mesa 1, y el juez segundo penal de Tulancingo, Porfirio Austria Espinosa.
De acuerdo al expediente, las autoridades incumplieron su labor de brindar protección a la mujer, quien denunció violencia y lesiones de parte de Cleotilde Manuel Espinoza Torreón entre mayo y junio de 2014, y por la cual se iniciaron las cásperas de investigación: 18/HG/CAVIT/446/2014 y su acumulada 18/HG/CAVIT/543/2014.
Además, llamó a la PGJEH incrementar técnicas de localización y captura de Cleotilde Manuel Espinosa Torreón, quien cuenta con una orden de aprehensión por la muerte de su cónyuge y la de su hermano.
