En días pasados mi compañero Edgar Chávez publicó en este diario un reportaje sobre el explosivo desarrollo de vivienda de interés social en la zona metropolitana de Pachuca, y la problemática aparejada, y como suele ocurrir con estos trabajos, quedó mucha tinta en el tintero.
Este me llevó a recordar aquellos años de la administración estatal de Jesús Murillo Karam, cuando inició lo que sería en pocos años el boom inmobiliario que llevaría a considerar a Mineral de la Reforma como el municipio con el más explosivo desarrollo urbano en América Latina. Las viviendas parecían “sembrarse” y brotar con la misma facilidad que el maíz en los surcos.
Este boom se originó en Hidalgo por una decisión del gobierno del Estado de México, al determinar no permitir más que trabajadores de la Ciudad de México pudieran hacer efectivo, en tu territorio, muy congestionado, su crédito de Infonavit o Fovissste; una decisión que imitaría, poco después, el gobierno de Morelos.
Inició entonces la construcción y oferta de vivienda de interés social por un grupo de empresarios constructores a los que inicialmente se les denominó el “Grupo de los 8”, pero que en poco tiempo sumarían más de 250. Constructores que incluso abandonaron la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para constituir la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda.
El término de “sembrar” viviendas se volvió popular, y pronto comenzamos a ver terrenos en la planicie y en las faldas de los cerros, transformando su fisonomía. Al boom inmobiliario se aparejaría un boom de plazas comerciales y tiendas departamentales, principalmente en Pachuca.
Con las más variadas fachadas y colores, las viviendas respondías entonces a un modelo básico autorizado por Infonavit: una sala-comedor-cocina al fondo, dos recámaras, un baño en medio, un pequeño patio de servicio, una cochera al frente y un minúsculo jardín en 60 metros de construcción y predio de 90 metros cuadrados. 25 años después, se construyeron viviendas “económicas” unifamiliares de 42 metros de construcción.
Al paso del tiempo han venido edificando un promedio de 15 mil viviendas anuales sólo para acreditados de Infonavit y Fovissste; se recuerda la llegada de autobuses saturados de trabajadores de la CDMX, invitados por las desarrolladoras para conocer Pachuca y los distintos fraccionamientos, con lunch y bebidas. Un auténtico paseo familiar sin costo.
Sin embargo ya desde entonces, y en el transcurso de este tiempo, se ha venido insistiendo en el riesgo de construir tantas viviendas en un estado en donde se carece de suficiente abasto de agua potable, y tratándose de la región de Pachuca, de drenaje pluvial, y hasta hace unos años, de electricidad. Carencias que no ha hecho crisis porque muchas de estas casas no son habitadas, ya que fueron adquiridas como simple inversión.
Además, varios fraccionamientos fueron edificados con tantas deficiencias, que vientos de viviendas han quedado abandonadas, han sido desvalijadas y en algunos casos, invadidas por personas antisociales.
Todo ello ha sido resultado, también, de una desvinculación entre autoridades y desarrolladores, pues mientras las constructoras tramitan las factibilidades de agua y electricidad, en medio de corruptelas y abusos, se quejan los desarrolladores, éstos siembran las casas, pues trabajan con créditos bancarios y pagan intereses altos, en tanto reciben meses, y hasta años después, dichas factibilidades.
Y lógico, cuando quieren municipalizar, años después, las vialidades ya tienen baches, hay lámparas no funcionan y la urbanización, en general, presenta daños, o las desarrolladoras foráneas construyeron, vendieron y se fueron.
Sin embargo lo que más recuerdo sobre el tema fue el reiterado señalamiento que hiciera Murillo Karam de que, de no construirse el aeropuerto en el Valle de Tizayuca, la zona quedará cubierta de viviendas de interés social.
Y el aeropuerto no se construyó.
