Como parte de las medidas que se desean adoptar para hacerle frente a la emergencia nacional después de los sismos; se ha planteado la eliminación del presupuesto público a los partidos políticos.
En este sentido, dije en la entrega anterior, que dicha propuesta tiene que ser analizada a fondo. Por principio de cuentas, hay que enfatizar que el financiamiento público que reciben los partidos permite que estas instituciones puedan ser fiscalizadas, llamadas a rendir cuentas y obligar a que transparenten el destino de sus recursos.
Ahora bien, el problema no es renunciar (o dejar de percibir, mejor dicho) a un desmesurado financiamiento para operar en campañas políticas y hacerle frente al gasto de operación de los partidos. El punto es que el dinero destinado a ellos rebasa cualquier lógica.
Por tanto hay que reducir – a una mínima expresión – el dinero que llega a los partidos políticos. Hay que hacerlo pronto antes de que los protagonistas se arrepientan. No hay duda, que este momento es el mejor para hacerlo. Porque nunca antes en el ánimo nacional se encuentra un ambiente propicio para tomar una medida similar.
Ya que están dadas las condiciones ahora hay que pensar en las alternativas. El recorte de presupuesto tiene que ser gradual y no exclusivo de los partidos. Hay otras instituciones que deberían dejar de percibir sumas exageradas. Por ejemplo, el propio Instituto Nacional Electoral (INE) debería poner la muestra. Aquel órgano recibirá en 2018 un presupuesto de 25.4 mil millones de pesos. De esa suma repartirá 6.7 mil MDP a partidos e independientes y 18 mil 256 millones serán para el gasto operativo del Instituto. Bajo este esquema, cada partido recibirá aproximadamente 11.9 mil millones para gastar en sus actividades ordinarias en ese año electoral.
Si la iniciativa antes citada prospera, el fondo para la reconstrucción de zonas que sufrieron los eventos de septiembre empieza a tomar forma. A lo anterior, también podríamos sumar un ahorro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Tribunales Electorales (federales y locales) entre otras más.
Es justo aquí donde inicia un segundo momento de la tragedia nacional. Administrar aquellos recursos para destinarlos a zonas afectadas por los sismos amerita un estudio detallado, técnico y especializado. La pregunta lógica sería ¿quién es el autorizado para realizar dicha labor? ¿Qué criterios se van a utilizar para construir viviendas? ¿En dónde se va a construir? ¿Qué medidas va a instrumentar la SEP para construir las nuevas escuelas? ¿Quiénes serán sancionados por construir con materiales de mala calidad? ¿Qué reglamentaciones hay que modificar? En fin. Las preguntas son muchas y hasta este momento no se ve una autoridad capaz de hacer frente a los retos que vienen.
En otro orden de idas, el PRI (partido que ha tratado de capitalizar políticamente este momento) también propone la eliminación de los legisladores plurinominales locales y federales. Con ello, asegura ese partido, se tendría un ahorro de 11 mil 600 millones de pesos. Con esta suma, y la anterior por la renuncia de financiamiento de todos los partidos políticos el recurso que se tendría en las manos sería equivalente a mil millones de pesos.
Es inimaginable que alguien se resista a tal ahorro de recursos públicos. Cual más cuando los tiempos de emergencia así lo reclaman. Pero detrás de esa “buena intención del PRI” de desaparecer los plurinominales también se esconde un criterio de ventaja política.
El PRI tiene una estructura electoral eficiente (construida a través de buenas y malas formas) para competir en los 300 distritos uninominales del país. Los diputados plurinominales (200 en total divididos en 5 circunscripciones en el país) son un “premio de consolación” a las ofertas políticas que no ganaron. Por eso, la Cámara de Diputados y Senadores benefician la representación al tener espacios destinados a aquellos que sin ganar un distrito de mayoría si tuvieron suficientes votos para tener una curul. Esa fórmula electoral ha favorecido el crecimiento exponencial de la presencia de los partidos en el Congreso.
Por tanto, el PRI pretende eliminar estar figuras de representación proporcional para recuperar su ventaja (en número de legisladores) en el Congreso. Hay que recordar que desde 1997 éste órgano se encuentra dividido; es decir, ningún instituto político tiene mayoría.
Bajo esta lógica, el PRI quiere operar una iniciativa para modificar la Constitución bajo un criterio de estrategia política montado en un momento de apremio y desgracia nacional. Si la motivación del PRI por ahorrar recursos fuera real el argumento no sería desaparecer Diputados y Senadores de representación. Nuevamente el número es lo de menos. Lo indignante es el sueldo que perciben estos representantes populares. Quizá la mejor forma de plantear las cosas sería reducir a la mitad (o más) la dieta de los legisladores y no mutilar la cantidad de los mismos que le da representación y diversidad al Congreso.
Es fundamental voltear al pasado para entender que la conformación de los órganos de representación es fundamental para la vida democrática de la nación. Ahí se gestan los debates que a la postre (convertidos en leyes) inciden en la vida cotidiana de los mexicanos. Proponer la eliminación de la representación proporcional es borrar de tajo la posibilidad de tener un Congreso acorde a la conformación del país (diverso, multifacético, multicolor).
No caigamos en soluciones que parecen fáciles para tratar de resolver asuntos difíciles. No está en duda que hacen falta muchos recursos humanos y materiales para la reconstrucción de este país después de los sismos. Hay que idear la forma de obtener esos recursos. Pero también hace falta pensar con profundidad las opciones que tenemos.
Enrique López Rivera
Twitter: @2010_enrique
