Otra vez, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) – y por consecuencia, Gerardo Sosa Castelán – se encuentran en el ojo del huracán. Resulta que el ex rector (dueño, para efectos prácticos) de la máxima casa de estudios de Hidalgo, se opone a la instalación de una figura jurídica que obliga a las instituciones públicas a ser auditadas (entre ellas, la UAEH).
El hecho de que Sosa encabece una nueva batalla para defender su coto de poder no es novedad. Lo hemos vistos en múltiples ocasiones gestado artilugios de toda índole para mantener sus privilegios. Pero lo peor del personaje es que siempre utilice a la universidad como escudo. En esta ruta, es deleznable la continua manipulación de estudiantes, académicos y administrativos que se prestan a esta baja encomienda.
El capítulo más reciente tiene que ver – como se anticipaba – con una iniciativa de ley (que ya aprobó el congreso local) para que la UAEH, al igual que otras instituciones como el Instituto Estatal Electoral, el Instituto de Transparencia, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral tengan órganos de control interno para fiscalizar sus recursos.
Ante este escenario, Sosa manifestó su desacuerdo por considerar que dicha medida “atenta contra la autonomía universitaria” y nuevamente utilizó a sus incondicionales para orquestar una campaña que busca impedir que los recursos de la UAEH sean auditados.
En su afán por mantener la opacidad de las finanzas universitarias, Sosa se envuelve en un falso e indefendible discurso de “autonomía” para regresar a la escena estatal y, de esta manera, sacar algún beneficio político.
Sin embargo, el oriundo de Acaxochitlán se está quedando sólo y pierde cada vez más influencia en el estado. Al menos eso parece porque al interior del congreso local dicha iniciativa prosperó sin mayor oposición. Es más, en un medio local (Quadratín Hidalgo) se publicó que algunos diputados “chamaquearon” al líder del grupo universidad. Lo anterior, al prometer apoyo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la UAEH; aunque al final, la mayoría de ellos se retractaron.
Con su capital político a la baja, Sosa tendrá que librar una batalla feroz para mantener su influencia en la UAEH que a pesar de ser manejada con “mano dura” muestra división y fracturas. Al menos, eso se puede deducir después del evento que organizó la propia universidad para “defender su autonomía” donde asistieron ex rectores. Sin embargo, los personajes que ahí se dieron cita no solamente han perdido presencia en la política local sino que llevan consigo un cuestionable prestigio político y moral.
De tal suerte que Sosa y el grupo universidad están mal y de malas. Para colmo, la actual crisis se presenta a inicios de un proceso electoral donde – como de costumbre – Sosa pretende participar a través de su propia persona; o bien, a través de alguno de sus allegados.
Esa facultad camaleónica de Gerardo Sosa para presentarse como un miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero también como promotor de alianzas opositoras y franquiciatario del Partido Movimiento Ciudadano a través de su hermano Damián Sosa Castelán, lo hace todavía un factor a considerar en el entramado político hidalguense. Pero repito, su fuerza parece mermada a comparación de otros tiempos.
En suma, es probable que estemos viviendo un reacomodo de las relaciones de poder entre el gobierno en turno y el grupo universidad. El desenlace de dicha confrontación promete un final de pronóstico reservado. Porque Sosa, a pesar de todo y de todos, se mantiene firme en la cúpula de la UAEH y – muy a su estilo – es capaz de mandar mensajes cifrados cuando se le cuestiona sobre sus aspiraciones políticas. “Ya tomaremos alguna decisión en cuanto lleguen los tiempos”, dijo escurridizo, al ser cuestionado sobre la posibilidad de verlo en la boleta electoral en 2018.
Ojalá que muy pronto podamos ver una real “autonomía universitaria” que no responda a los intereses personales de aquel que lleva años manipulando el destino de la UAEH. Sólo en ese momento los universitarios podrán reclamar “por legítimo derecho” que se respeten sus decisiones y se defienda su autonomía.
Enrique López Rivera
Twitter: @2010_enrique
