La Constitución Política de un país es su norma fundante, su norma suprema que guía y orienta el actuar de autoridades y particulares para organizarse, estableciendo sus obligaciones, así como sus derechos. No obstante su evidente importancia no sólo desde la perspectiva jurídica, sino también económica, política y social, su normatividad es poco conocida.
Estudios realizados demuestran el poco conocimiento que se tiene de la misma, aunque es alentador que, pese a ello, la ciudadanía está interesada en sus conceptos básicos o lo que en base a su percepción social considera que debe contener.
Así, la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional en México, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 2016, la cual hace referencia a los años 2003 y 2011, proporciona datos dignos de reflexión.
Se preguntó en dicha encuesta en qué año se aprobó la Constitución que nos rige, y apenas 30.4%, esto es, tres de cada 10 entrevistados, ubicó históricamente nuestro documento constitucional. Seguramente en una nueva encuesta los datos variarán considerablemente con motivo de los festejos del Centenario Constitucional que han dado una mayor difusión al tema.
Como complemento de lo anterior, se cuestionó el movimiento con el que se relaciona su nacimiento, obteniéndose el porcentaje más alto con 34.9 para el movimiento de Independencia de México, contra un segundo lugar de la respuesta correcta referente a la Revolución Mexicana (24.8%).
Otra pregunta que, aunque pudiera considerarse más técnica, refleja la concreción de la lucha revolucionaria en nuestro país, fue la referente a la aportación de la Constitución Mexicana de 1917 al mundo, a la cual 7.8% mencionó los derechos políticos en comparación con la respuesta correcta de los derechos sociales de trabajadores y campesinos, que apenas alcanzó 2.6%.
No obstante los anteriores datos de muestra, a la pregunta de si la Constitución es adecuada a las necesidades del país, entre los años 2003, 2011 y 2016 se obtuvieron los siguientes porcentajes de respuesta en sentido afirmativo respectivamente: 45.6%, 27.8% y 20.5%, mientras que las respuestas en sentido negativo fluctuaron entre 42.1% y 60%.
Sobre si es necesario realizar una nueva Constitución o sólo cambiarla, los porcentajes sumados entre un cambio parcial y dejarla como está, para el año de 2016, suman 62.4%, contra 21.6% que se pronuncian por un cambio de estructura constitucional total.
Existen otras encuestas que, aunque más anecdóticas, reflejan la necesidad de ahondar en el conocimiento de una cultura constitucional, como la publicada por Consulta Mitofsky en el año de 2013, donde se exponen datos como las fechas más recordadas entre las que destacan el 10 de mayo o el 14 de febrero con 95.1%, mientras que el aniversario constitucional sólo alcanza 43.1%, o bien los porcentajes de respuestas acertadas a los artículos más relevantes del constitucionalismo social mexicano, como el 3° Derecho a la Educación (24.4%), 27° Derecho a la Propiedad de la Tierra (17.8%) o el 123° del Trabajo (11.8%).
Ante esta realidad, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Blanca Sánchez Martínez, instruyó realizar durante todo el año 2017 una serie de actividades conmemorativas e ilustrativas en la presente anualidad declarada del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismas que consistieron en paneles, conferencias, programas de radio y televisión, presentaciones de libros, publicaciones, exposiciones e inclusive se logró la donación de toda la Biblioteca Constitucional que consiste en más de un centenar de documentos especializados en temas de la Carta Fundamental Mexicana que se encuentra a disposición de todo el público en el acervo bibliotecario del Instituto de Profesionalizaciones Jurídicas del Poder Judicial. Donación que realizó personalmente la doctora Patricia Galeana, directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, después de exponer su conferencia magistral “La Constitución en su Centenario” en el auditorio Benito Juárez del Tribunal Superior de Justicia.
El esfuerzo del Centenario Constitucional repercutió en acercar el documento jurídico más importante a todas y todos; sin embargo, el camino continuará largo y sinuoso mientras no se conceptualice que el Código Supremo es el libro de la gente para conocer sus obligaciones y exigir el respeto de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, por lo que no es un documento sólo para abogados, sino para todas y todos los mexicanos y no sólo de aquellos que tienen el deber y la obligación de aplicarlo a cabalidad, a fin de cumplir sus postulados.
Magdo. Mario E. Pfeiffer Islas
Presidente de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes
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