La población de México demanda mejores ingresos, seguridad, combate a la impunidad y transparencia gubernamental, entre otras cosas.
A su manera, cada uno de los tres candidatos presidenciales ofrece atender esos aspectos por medio de estrategias que, dicen, aplicarán una vez que tomen posesión del cargo; o que es lo mismo, luego de que el voto ciudadano los favorezca.
A mí me parece muy bien que Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador coincidan en que la corrupción es uno de los peores males que afectan a México y que también estén de acuerdo en que hay que combatirla, pero me surgen dudan respecto a los métodos y estrategias que aplicarán para cumplir con esa oferta.
La semana pasada los tres tomaron posesión como candidatos de los partidos que los postulan e inevitablemente se refirieron al tema de la corrupción.
En medio de una campaña de señalamientos que se refieren a la presunta comisión de actos corruptos, Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), indicó que combatirá al crimen organizado, “pero empezando por el organizado en los escritorios. Yo sí voy a terminar con el pacto de impunidad. No habrá venganza, pero sí justicia”.
Lo que el aspirante panista omitió fue delinear la estrategia para lograr el combate a la corrupción y definir por dónde empezaría, aunque si advirtió que también se haría en los escritorios, o sea en la burocracia.
En su toma de posesión como candidato, José Antonio Meade, de la coalición PRI, PVEM y Panal, dijo que será implacable con el combate a la corrupción. Previamente, el ex secretario de estado había presentado un paquete de iniciativas en materia de combate a la corrupción, compuesta de tres elementos centrales: 1) Extinción de dominio. Confiscar el dinero, bienes y propiedades a funcionarios corruptos, así como a la delincuencia organizada. 2) Destinar los recursos recuperados a un fondo de becas para apoyar a niños y mujeres. 3) Declaración patrimonial obligatoria para funcionarios y legisladores.
A estas alturas la propuesta se siente incompleta, sobre todo por los señalamientos de la Auditoría Superior Federación (ASF) que detectó desvíos de hasta mil 300 millones de pesos en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, según reportó el diario Reforma.
A su vez, López Obrador se definió así en su toma de posición: “soy terco, obcecado y con esa misma convicción actuaré como Presidente de la República. Con terquedad, con perseverancia, rayando en la locura, de manera obcecada, voy a terminar con la corrupción. Lo mismo, con intransigencia vamos a promover el desarrollo de México”.
Sin embargo las buenas intenciones de López Obrador para combatir la corrupción se topan con el acercamiento con el dirigente de los mineros, Napoleón Gómez, a quien se le señaló de haber desviado recursos del gremio, pero quien asegura que fue exculpado.
En el combate a la corrupción pareciera que hay mucho que hacer, pero es preciso establecer la estrategia a seguir para que la propuesta pase de ser una promesa a una propuesta realista.
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