Nadie en este país es ajeno al clima de agitación política que se vive actualmente. Cuando una nota acapara los reflectores dando a conocer un escándalo político, viene otro duro golpe mediático que borra lo anterior. Así han transcurrido estos días en que los negocios turbios de Ricardo Anaya se han dado a conocer, señalándolo de lavado de dinero. Pero también fue una semana en donde nos enteramos de millonarios desvíos que se dieron desde el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, a la Secretaría de Desarrollo Social, en donde Rosario Robles despachaba.
Esto último, causó mucho eco en la política estatal donde algunos viejos fantasmas reaparecieron. Aunque ese caso era conocido (en lo general) por las autoridades estatales. La reproducción de dicho tema en medios nacionales retomó la discusión.
Según se publicó en la prensa nacional, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que funcionarios de Radio y Televisión de Hidalgo fueron obligados a firmar contratos y transferir dinero a empresas y personas físicas con las que nunca tuvieron trato.
Los contratos se habrían firmado en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social en la Ciudad de México en abril de 2015, cuando Rosario Robles era la titular de la dependencia, según publicó el diario Reforma.
Los funcionarios involucrados y que ahora son señalados ocuparon los siguientes cargos: subdirector jurídico y apoderado legal, el ex director jurídico y el subdirector de Contenidos del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo.
“Dicha servidora pública instruyó al entonces Subdirector de Contenidos, para que firmara en calidad de testigo los 48 contratos de los proveedores, así mismo y, no obstante los convenios firmados obligaban a RTH a ejecutar los trabajos, ésta le ordenó que recibiera las cajas que contenían los entregables ya elaborados (evidencia documental de la ejecución de un trabajo o servicio) que supuestamente debían ser generados por medio de las personas morales y físicas contratadas”, señala la auditoría citada por Reforma.
Tal modus operandi le redituó a la ex secretaria, ingresos estimados en mil 311 millones de pesos, a través de pagos realizados a empresas fantasmas por parte de la Sedesol y la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles.
Bajo estos parámetros, lo que tenemos es un alto nivel de corrupción en las dependencias antes citadas. Hay que recordar que hace meses, Sergio Islas Olvera, ex director de la televisora local fue sentenciado a dos años y seis meses de cárcel por el desvío de 77 millones. A juicio de las cantidades antes referidas, la multa a Islas le salió barata.
Amén de que Islas nunca pisó la cárcel porque desde un inicio se declaró culpable y pago la cantidad referida como fianza. Ese rápido movimiento jurídico le permite ahora gozar de libertad aunque se encuentre inhabilitado para trabajar en la administración pública.
No obstante, del otro lado, Rosario Robles parece estar segura de su impunidad. Se le ve tranquila argumentando interludios legales que la exoneran. Pero lo que es un hecho es que Sedesol y Sedatu, dos secretarías por las que ha pasado Robles, han sido señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, por desvío de recursos.
Esas acusaciones tienen además un ingrediente que nos remite a un lejano y turbio pasado de Robles cuando era Jefa de Gobierno en el Distrito Federal. No hay que olvidad que desde esa posición Robles favoreció a la constructora de su pareja sentimental, Carlos Ahumada, con obra pública que nunca se construyó. Encabezando un escándalo en sus tiempos de opositora al PRI. Ahora que la funcionaria cambió de partido parece mantener las mismas costumbres que tuvo en el pasado.
Twitter: @2010_enrique
