Aunque con aspectos importantes que tienen como finalidad terminar con corruptelas, la propuesta de 12 reformas del virtual presidente, Andrés Manuel López Obrador, deja muchos vacíos de información que necesita ser precisada, además de que puntos como derogar la Reforma Educativa lleva a temer un regreso a las prácticas de privilegios anteriores, consideran empresarios de Hidalgo.

Para Ricardo Rivera Barquín, presidente de la Coparmex Hidalgo, es evidente que en el tema salarial de la alta burocracia se pretende frenar tanto abuso al respecto, pero se pregunta el empresario si el tope de 80 mil pesos mensuales resultará desalentador para quienes, por su preparación académica, experiencia, capacidad, etcétera, aspiran a ingresos más altos. “Se corre el riesgo de que gente de gran talento no quiera trabajar por ese salario”.

Por lo que se refiere a eliminar la pensión y canojías a expresidentes de la república, el empresario consideró necesario seguir dándoles seguridad, aunque sin llegar a los extremos actuales. “Está muy bien lo de eliminar la pensión a expresidentes, pero seguridad sí la requieren”.

Derogar la Reforma Educativa no es buena idea, consideró, pues “se puede regresar a las prácticas de privilegios anteriores; se tendría que escuchar cuál sería la propuesta en contraparte”.

En cuanto a la fiscalía, Rivera Barquín subrayó que se requiere que sea autónoma, no designada por el Presidente.

En general el empresario consideró que “sin duda hay cosas valiosas y otras que se tendrán que discutirse para llegar a acuerdos en beneficio de los mexicanos”.

Controversial, el tema de los coordinadores estatales de programas

Con relación al anuncio que se esperaba este jueves sobre la creación de la figura de “Coordinadores Estatales de Programas de Desarrollo”, que sustituirían a las delegaciones federales y serían los encargados de administrar y ejecutar los recursos federales destinados a las entidades federativas, dinero que dejaría de pasar por las tesorerías de los estados, Rivera Barquín lo consideró por demás controversial.

De acuerdo a la propuesta de López Obrador, estos coordinadores, nombrados por el Presidente, rendirían cuentas exclusivamente al Presidente. El punto más controversial: el poder económico, y político, que recibirían personas que no fueron electas por la ciudadanía y que no tienen, por tanto, ningún compromiso con los mexicanos.