El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que tendrá un sueldo de 108 mil pesos mensuales. “O sea, voy a recibir 40 por ciento de lo que percibe Enrique Peña Nieto”, 270 mil pesos mensuales.
Explicó que pensó en disminuir aún más su salario, pero como los ministros de la Corte “perciben una cantidad mucho mayor, si yo bajaba más mi sueldo, se iban a resentir más, o sea, soy moderado, no radical”.
Anunció que tienen la opción de inconformarse legalmente quienes estén en contra de la iniciativa de reforma al artículo 108 constitucional para que nadie gane más que el Presidente.
“Si en la Constitución se establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, se tiene que respetar. Voy a enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados, acompañada del presupuesto”, para el próximo año, subrayó.
Al dar a conocer los 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana, López Obrador informó que durante su sexenio se reducirá 50 por ciento el salario de todos aquellos funcionarios que ganen desde millón de pesos al año.
La semana pasada, Tatiana Cloutier, posible subsecretaria de Gobernación, anunció que esa dependencia federal pasará de ocho a tres subsecretarías; además de que desaparecerá el Cisen.
Jorge Alcocer, virtual secretario de Salud dijo que no la desaparición de la figura de primera dama también dejará de existir el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y las funciones que desempeña la absorberá dicha dependencia con el consecuente
De entrada, lo que parece que se avecina es una ola de despidos con el consecuente aumento de desempleados.
Al dar a conocer los 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana, López Obrador informó que durante su sexenio se reducirá 50 por ciento el salario de todos aquellos funcionarios que ganen desde millón de pesos al año.
El listado incluye que se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos; se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades; las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza.
También se considerará que la Fiscalía General contará, en los hechos, con absoluta autonomía; no recibirá consigna del Presidente de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual, “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.
Igualmente, la Fiscalía Electoral estará encargada de garantizar que las elecciones sean limpias y libres; a evitar la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes para favorecer a partidos o candidatos y castigar cualquier tipo de fraude electoral. Su distintivo será la imparcialidad y su misión la de establecer en México una auténtica democracia.
En el número seis de los 50 puntos se considera que la Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar este mal que tanto ha dañado a México y no permitir bajo ninguna consideración, el predominio de la impunidad. El mandato que recibimos del pueblo en las elecciones del 1º de julio de 2018, consistió, básicamente, en confiarnos la apremiante tarea de acabar con la corrupción y la impunidad.
Por ello se indica que la Fiscalía Anticorrupción podrá actuar con absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, tratase de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Un buen juez, por la casa empieza.
Por el momento se consideran convenientes dichas propuestas, lo interesante será ver la reacción que tendrán quienes pierdan privilegios, altos salarios y prestaciones millonarias.
