La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante la tesis aislada con número de registro 2007924, ha establecido que la Constitución, como los tratados internacionales de los que México forma parte, prevén la posibilidad de otorgar un trato desigual a quienes no se encuentran en una paridad frente a los otros sujetos; si dicho trato implica una distinción justificada, pero si no existiera una razón justificada, se estaría cayendo en un tema de desigualad.
La posibilidad de otorgar un trato diferenciado se refiere a acciones positivas o afirmativas que buscan dar preferencia a sectores históricamente marginados y vulnerables para compensar las desventajas que sufren, es decir, no implica proteger a la mujer por el simple hecho de ser mujer, sino que se debe tomar en cuenta la vulnerabilidad de la mujer, la situación de desigualdad de género y violencia en la que se desenvuelve, la situación económica, el grado de estudios, entre otros factores.
En atención a las acciones afirmativas a que se refiere el párrafo anterior, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres las define como el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres. En México se han dado importantes avances normativos y políticas públicas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sin embargo, este es un problema social del cual aún hay mucho por hacer.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se estableció como una estrategia transversal incorporar la perspectiva de género, definida por el artículo 5 fracción IX de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.
Es importante señalar que existen instrumentos internacionales de obligatoriedad para el país en el tema de erradicación de la violencia contra las mujeres, siendo principalmente la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), de las cuales se advierten recomendaciones para lograr el derecho a la igualdad entre los hombres y las mujeres, enfocadas a la no discriminación y el derecho a una vida libre de violencia; sin embargo, para el logro de estos objetivos se necesita el trabajo conjunto de la sociedad y el gobierno, previniendo, a través de la educación, la concientización de que es tarea que se debe hacer desde casa para erradicar la brecha de desigualdad que existe entre las mujeres y los hombres.
Desde el Poder Judicial del Estado de Hidalgo se han venido realizando diversas actividades y capacitación sobre temas relacionados a la perspectiva de género, a efecto de que contribuyan a orientar a las y los juzgadores en su actuar ante situaciones en las que las mujeres se encuentran en un estado de vulnerabilidad o categoría sospechosa, y a su vez, corregir los estereotipos o mandatos sociales que revictimizan a la mujer y así garantizar un verdadero acceso a la justicia para las mujeres.
El camino es largo por recorrer, porque culturalmente hay diversas formas de violencia hacia las mujeres que podrían parecer “normales” y porque no hemos reconocido que es un problema social que nos afecta a todos, que se repite generación tras generación; que en lugar de preocuparnos, debemos ocuparnos en cambiar esta situación desde nuestro núcleo familiar, laboral y social. Empezar haciendo lo que nos corresponde es un gran paso para generar el cambio.
Víctor Juárez González
Consejero presidente de la Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo
