Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró un Talón de Aquiles que, de inmediato, comenzaron a aprovechar y aprovecharán largamente las organizaciones de mujeres que llevan décadas y décadas trabajando a favor del derecho de las mujeres a decidir si continúan con su embarazo o abortan.
El presidente, quien se jacta de lunes a viernes en sus conferencias matutinas, y los fines de semana en sus recorridos al interior del país, de la libertad de expresión en su gobierno, de la apertura a todas las ideas y posturas, de su absoluto respeto a los derechos humanos, rechazó el viernes anterior debatir, realizar foros en materia de aborto. Un día después, y seguramente tras ser asesorado, aceptó la posibilidad de realizar una consulta popular.
Pero no son lo mismo. Los foros permitirían consultar a médicos, psicólogos, psiquiatras, tanatólogos, sociólogos, a mujeres víctimas de violencia y a activistas sociales, mientras que la segunda sería una consulta masiva entre una población que, en muchos casos, la principal instrucción sobre el tema ha sido religiosa.
Son pocos los que conocen que 66 de cada 100 mexicanas son víctimas de todo tipo de violencia, desde la psicológica, la sexual, la económica, laboral y hasta los feminicidos.
Que en 2018 se registraron 3 mil 580 feminicidios, es decir, cada 160 minutos murió una mujer por el simple hecho de ser mujer, físicamente más débil, muchas de ellas niñas, incluso bebés.
Que en 2016, 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 años dijo haber estado embarazada en los últimos 5 años; de estas, poco más de un millón dijo haber tenido al menos un aborto. Cifra seguramente corta, pues el aborto es repudiado socialmente por las mayorías.
Tampoco, que entre 2002 y 2016, la causa de muerte específica de 624 mujeres mexicana fue por un aborto, y de ellas, que 24.4 carecía de instrucción escolar y apenas sabían leer y escribir o eran analfabetas.
Y no son cifras de asociaciones de la sociedad civil, de organizaciones feministas o pro aborto, sino las que dio hace unos días la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al señalar la necesidad de dejar de criminalizar –y encarcelar-, a la mujer que aborta.
Son más de 25 años desde que en Pachuca se enarboló la bandera de la pachuqueña Carmen Rincón Cruz, cuya hija murió y ella quedó estéril por una asistencia médica deficiente, y fundadora del Grupo de Mujeres Cihuatl, que lucha desde entonces por los derechos reproductivos de la mujer.
Mucho se ha caminado desde entonces por el derecho de las mujeres a abortar en caso de que el embarazo ponga en riesgo la salud de la madre, que el producto sea resultado de una violación sexual y por pobreza extrema. Los resultados han sido magros.
El aborto continúa siendo tabú, por el temor de políticos y gobernantes a enfrentarse a la Iglesia y sus férreos feligreses, lo que obliga a las mujeres hidalguenses con posibilidades de hacerlo, a viajar a la Ciudad de México a practicarse un aborto, y en las empobrecidas comunidades rurales, a recurrir a “espantacigueñas” y poner en riesgo sus vidas.
Parece ser que el tema del aborto será discutido finalmente en el Congreso local, donde podrá ser aprobado o rechazado por la mayoría de legisladores de Morena, pero recordemos tradicionalmente que “lo que hace la mano hace el de atrás”, así que será definitiva la postura que adopte López Obrador en el tema.
Ojalá y el presidente aumente a sus reclamos de ni un feminicidio más, ni una mujer más violentada más, el de ni una mujer más muerta a causa de un aborto, o encarcelada por abortar.
Finalmente, si vemos el asunto desde el punto de vista moral, también puede aplicarse la máxima de Juárez de que entre los hombres como entre las naciones –en este caso, entre las mujeres-, el respeto al derecho ajeno es la paz… y la vida.
