Con el propósito de abatir el delito de extorsión, el cual ha evolucionado al grado que puede ser confundida con acciones de altruismo, la diputada local del Partido Encuentro Social de Hidalgo (PESH), Jajaira Aceves Calva, propuso ante el pleno del Congreso local cambios al Código Penal del Estado de Hidalgo para sancionar con mayor rigor a quienes se compruebe que cometen este delito.
En tribuna, la también coordinadora del grupo legislativo del PESH, señaló que la extorsión telefónica en el país ha evolucionado desde sus inicios en el año 2000, ya que ahora los delincuentes utilizan argumentos menos agresivos y elaborados, entre los que se incluyen premios obtenidos tras algún sorteo, campañas publicitarias e incluso, nombrar a fundaciones altruistas.
“En la extorsión, la delincuencia utiliza la violencia psicológica para intimidar a las víctimas, como, por ejemplo, utilizando agresiones verbales, mientras que en otras ocasiones aprovechan la buena fe de las personas para engañarlas, además de que otra estrategia para obtener información es analizar imágenes divulgadas en redes sociales, lo que les permite conocer el nivel socioeconómico de la posible víctima y su familia”, puntualizó.
La legisladora añadió que al obtener el número del teléfono celular de sus víctimas utilizan argumentos relacionados con las actividades o intereses de la posible víctima, o bien, ofertando una posición laboral, con datos generales, los extorsionadores tienen elementos para poner en marcha su plan de extorsión, mediante la amenaza o engaño, los delincuentes piden a las víctimas realizar depósitos.
“Es por eso que esta iniciativa, busca modificar la regulación legal al respecto, cambiando el delito de extorsión como patrimonial e incluirlo en el capítulo de delitos contra la libertad y seguridad personal. Ampliando los supuestos, garantizando que el bien jurídico protegido sea la libertad, seguridad y tranquilidad de las personas y no el patrimonio”, comentó.
Por último, Aceves manifestó respecto a las sanciones que se proponen con estos cambios al Código Penal del Estado, es que toda aquella persona cometa utilizando cualquier medio de comunicación se impondrán de doce a quince años de prisión y de mil quinientos a dos mil días de multa.
