De ser necesario, el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), tramitará amparos legales para proteger a empresarios que sean injustamente perseguidos por presunta evasión fiscal, afirmó su presidente, Edgar Espínola Licona.
“Que quede claro que estamos en contra de los evasores fiscales y funcionarios públicos que han robado al país con el uso de facturas falsas, pero también, que no todo aquél al que se le detecta una factura falsa es delincuente.”
Esta medida será adoptada pues, lamentablemente, “quizá ya se barrió el último escalón de la escalera de la corrupción, pues se viene barriendo de arriba hacia abajo, pero no han sido barridos los primeros escalones”, esos en los que operan los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de bajo nivel, que tienen el contacto directo con los empresarios, y donde aún persiste la corrupción y las presiones para que las empresas le entren al “moche”, informó.
Espínola Licona informó que el CCEH respalda las posturas del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional y de la Coparmex, que rechazaron el que se autorizaran reformas a las leyes de carácter fiscal sin atender los planteamientos de los empresarios,
Recordó el empresario que los diputados aprobaron el martes que la emisión de facturas falsas y la defraudación fiscal sean tipificadas como delincuencia organizada y amenaza a la seguridad nacional, cuando lo defraudado supere los 7.8 millones de pesos, y podría pagarse con cárcel.
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En cambio si el delito es cometido por un servidor público, éste será destituido e inhabilitado hasta por 10 años para ejercer en el sector público.
“Una absoluta inequidad si se considera que más que empresarios, fueron funcionarios públicos los que utilizaron facturas falsas para saquear al país, y tenemos como ejemplo la llamada estafa maestra.”
Aceptó Espínola Licona que pudiera darse el caso de que un funcionario fiscal llegue a amenazar a un micro o pequeño empresario con fincarle cargos de evasión fiscal por una factura aparentemente falsa, “y antes de averiguar realmente de qué se trata”, puede generar angustia y desesperación en el empresario, propiciando entonces “el moche”.
Consideró el presidente del CCEH que más que “estimar”, las autoridades fiscales deben actuar cuando tengan todas las pruebas de que existió evasión fiscal intencional y no cuando se presuma que pudiera existir dicha evasión por presentarse una factura falsa con la que el empresario pudo ser timado.
El CCEH coincide con el CCE nacional, insistió Licona Espínola, en que el empresariado apoya firmemente la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal, por considerar que dañan gravemente al país, pero no “la falta de precisiones de esta minuta, lo que generará un justificado temor en las empresas formales del país, de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes.”
Pudiera decirse, subrayó, “que las organizaciones empresariales no contamos con los recursos suficientes para masivos amparos legales para proteger a nuestros afiliados, pero nos uniremos con el CCE, con la Coparmex nacional y local, para encontrar la forma de hacerlo.”
