El procurador del estado de Hidalgo, Raúl Arroyo, compareció ante el Congreso del estado como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, reveló que en la entidad se encuentran bajo procedimiento 96 funcionarios por parte del órgano interno de control, además de revelar que la PGJEH sigue con cuidado el caso de los 12 desaparecidos en Huichapan, ya que es un tema delicado donde han existido amenazas a policías que investigan el asunto.
En su mensaje, reveló que entre las acciones que se implementaron, se mejoró la atención a los denunciantes a través de la ampliación de espacios de trabajo, y se incrementó la efectividad de los procesos y la asignación de herramientas para el desempeño.
Dijo que mediante la capacitación permanente sobre sistemas anticorrupción, análisis de información criminal y derechos humanos, el personal de esta Procuraduría logró incrementar la eficacia en los servicios.
“Se obtuvieron resultados en la investigación y persecución especializada de los delitos, con un trato humano y perspectiva de género, al igual que se refrendó el compromiso de la institución para que a través de políticas públicas eficientes se atendieran con prioridad los delitos contra mujeres y niñas”.
En su discurso, el procurador destacó que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción inició 221 carpetas de investigación por delitos de corrupción, de las cuales, se tienen 122 determinadas. Esa cifra representó un incremento de efectividad en un 101.7% con respecto al año anterior, resaltando que el porcentaje de casos penales resueltos por delitos de corrupción asciende a 41 por ciento.
Durante su intervención, dijo que existen 96 integrantes de la PJGEH contra quienes existen procedimientos iniciados ante el órgano de control por incumplir su deber, de los cuales 89 son agentes del Ministerio Público, dos trabajadores administrativos, cuatro agentes de la policía de investigación y un perito.
También comentó que existen otros 10 integrantes de la Procuraduría que se encuentran bajo procedimiento ante la Fiscalía Anticorrupción de Hidalgo, señalando que habrá cero tolerancia a la corrupción.
En el caso de los feminicidios, el procurador reconoció la existencia de 8 casos hasta el momento, además de que existen otros 5 en grado de tentativa, destacando que en Hidalgo ni siquiera existe uno por mes, y que existe una resolución de estos casos del 67 por ciento.
Consultado por la diputada Jajaira Aceves sobre la situación de la justicia ante hechos delictivos como los que ocurren en Ixmiquilpan, el procurador repuso que existe un reacomodo de una delincuencia que hoy está siendo combatida por diferentes frentes, “la cual está buscando otras actividades, espacios y formas de liderazgo y organización interna”.
Al preguntarle la diputada Lisset Moreno las razones del aumento delictivo en la entidad, el funcionario explicó que ha compartido con la Secretaría de Seguridad, Gobierno, de Políticas Públicas, gobierno federal, Fiscalía General de la República, entre otros, análisis semanales, con cifras y observaciones, desde carpetas de investigación, en las que abordan denuncias y procesos jurisdiccionales, y han alertado cómo se está moviendo hoy el problema.
Consideró que aunque el número sea “índice delictivo del estado de Hidalgo, tenemos que dividir el comportamiento regional, porque se trata de política criminal, tenemos que diferenciar qué y por qué está sucediendo en las distintas regiones, y es importante tener información suficiente para proponer la mejor solución”.
Interrogado por la diputada Corina Martínez, el procurador compartió algunos avances en relación al caso del crimen cometido en contra del artista Ruy Lohengrin, asesinado en un asalto a un autobús de pasajeros, señaló que existe un imputado en esa investigación.
La legisladora también le preguntó sobre la reingeniería de la Procuraduría, capacitaciones y diferencias en casos de corrupción de funcionarios y funcionarias, a lo que el procurador dijo que el trato hacia funcionarias que incurren en ilícitos es más bien sobre “decisiones diferenciadas”, para evitar discrecionalidad sobre la situación laboral de una mujer, “con las faltas que pudiera tener, no pueden más que estar sujetas a la política de un tratamiento diferenciado”.
A la pregunta de la diputada Rosalba Calva García, que inquirió sobre irregularidades en el comportamiento de los ministerios públicos y de los procesos judiciales, Arroyo respondió “no solo me hago cargo, sino que reitero el compromiso de seguir trabajando (…) No quiero correr el riesgo de venir el año que entra y recibir la misma apreciación, estoy empeñado en cambiar esa condición. Yo quiero ser el titular de una institución que tenga, en lugar de estos reclamos –que pesan mucho-, el reconocimiento social”.
Interrogado sobre el caso de las 12 personas de Ixmiquilpan desaparecidas en Huichapan y los 10 años de la desaparición de 4 policías municipales de Pachuca, el procurador al hablar sobre la estrategia en materia de personas desaparecidas, señaló que tras la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la PGJEH se alineó a la política nacional impulsada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.
Detalló que en el caso de las 12 personas desaparecidas en Huichapan, existe conexión con una línea de investigación de los delitos regionales recientes, por lo que han sido cuidadosos en generar información sobre el caso, porque podría arriesgar la seguridad de las familias de los desaparecidos.
Sin embargo, compartió que en este delicado suceso, que está ligado a la dinámica delictiva en la región, hay amenazas contra elementos policiacos y agentes del MP que están investigando el caso, lo que habla de un nivel de delincuencia superior, por lo que ofreció a que de manera privada y en interés de los representados del diputado, se aborde este tema.
En cuanto al robo de hidrocarburo, manifestó que es de competencia federal, pero se atiende desde el gobierno local; “es un tema de las mesas de seguridad, se trata de un problema que se ha socializado, hay localidades que lo ven como una forma de vida”.
Reconoció que desde el ámbito municipal, esto implica la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas.
Al plantearle la situación del aborto en Hidalgo, el procurador reveló que existen 19 carpetas de investigación en cuanto al tema de aborto, de las cuales ninguna se ha judicializado. Agregó que en el tema del personal, se trabaja en una política laboral propia, ante los horarios, mala alimentación y situaciones a los que está sometido el personal de la PGJEH.
Por último, dijo que son 137 personas las que fallecieron en Tlahuelilpan, y ya fueron identificados completamente los 69 restos que quedaron en el lugar, lo que en suma da un total de 206 víctimas fatales de este incidente, de la cual aseguró la Procuraduría tuvo capacidad para responder a la peor tragedia en la historia de Hidalgo, suceso que atendieron: 60 peritos de 11 disciplinas diferentes, 80 agentes de investigación, 41 agentes del Ministerio Público y más de 100 administrativos.
