En la sesión ordinaria número 101 del Congreso del Estado, diputados de los diferentes grupos legislativos, presentaron ocho iniciativas entre las que destacó la presentada por el diputado local del PRI Julio Valera Piedras, relativa a realizar cambios a la ley para la Atención y Sanción de la Violencia familiar.
En tribuna, el legislador del tricolor señaló que su propuesta se sustenta en que en las primeras 45 semanas del año en curso en el país se reportaron 75 mil 821 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales el 92 por ciento corresponde a violencia contra las mujeres.
Además de que existe un vacío de información fidedigna sobre el tema, por lo que es indispensable crear una base de datos para que no exista una discrepancia entre las cifras publicadas por el gobierno y las publicadas por organizaciones no gubernamentales.
Las directrices de la propuesta son, en primer lugar, facultar al sistema DIF del estado de Hidalgo, para que tenga mayores atribuciones para prevenir la violencia familiar y, en segundo, crear y supervisar un registro de instituciones en materia de prevención de la violencia familiar para asegurar que la información sea accesible, clara y verificada por el propio DIF”.
Valera Piedras añadió que la finalidad, es complementar la Ley para la Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado, para incluir medidas que promuevan la prevención de la violencia familiar y la recopilación de información sobre su prevalencia y sobre las instituciones encargadas de atenderla para ajustarse a las mejores prácticas legislativas del país.
En México, los casos de abuso por violencia intrafamiliar tienen una gran presencia y, según las estimaciones más recientes, han ido en aumento ya que de acuerdo con el reporte Semanal editado por la Dirección General de Epidemiología en este año se la presentado 75 mil 821 casos de violencia intrafamiliar, con un aumento del 3.5 por ciento conforme a lo reportado durante el mismo periodo del año pasado, además de que el 92 por ciento corresponde a violencia contra las mujeres”.
Así también, manifestó que por lo anterior resulta indispensable que las dependencias estatales cuenten con facultades que les permitan reforzar acciones para promover la participación de la población y las acciones en las comunidades tendientes a prevenir la violencia familiar, además de que es necesario que los organismos públicos trabajen en coordinación con las dependencias correspondientes y participen en el diseño, ejecución y evaluación de campañas educativas y sociales.
