Pachuca.- En busca de enfrentar, frenar y abatir el delito de extorsión en sus diferentes modalidades entre ellas la telefónica, los diputados del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, impulsan una propuesta de reforma al Código Penal de la entidad.
A nombre de sus compañeros de bancada María Luisa Pérez Perusquía, Mayka Ortega Eguiluz y Adela Pérez Espinoza y los Diputados Julio Manuel Valera Piedras, José Luis Espinosa Silva dio a conocer que con el desarrollo de las tecnologías de la información han proliferado toda una serie de actos delictivos entre los que destaca la modalidad de la extorsión lo que permite a los delincuentes actuar con impunidad.
“Debido al auge de la tecnología y propiamente de la informática, los medios de comunicación electrónica incluidos en ellos a las redes sociales, han propiciado que los miembros de la población más vulnerable de la sociedad, se hayan colocado en la calidad de víctimas, sin que muchas de las veces, por falta de la existencia de una sanción real y efectiva en la ley se llegue a imponer alguna sanción al victimario”.
Espinosa Silva añadió que de acuerdo con datos estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Afirmó que los delitos que implican la extorsión cometida por medio de correos electrónicos, redes sociales y vía telefónica, han ido en aumento en el país, pues tan solo para el medio de comisión en último término indicado en el periodo comprendido de los años 2010 al 2013, casi se duplicó el número de denuncias, pues de dos mil 764, se incrementaron a cuatro mil cien.
Aseguró que la propuesta, es que se agrave la sanción en supuestos que lo ameritan, a fin de inhibir su comisión y también que le sea menos complejo a la autorifad, solicitar como medida cautelar la prisión preventiva justificada al Juez de Control, pues este delito no está catalogado por el numeral 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, como de aquéllos que ameriten prisión preventiva oficiosa, así como tener por consumado el delito, aun cuando no se realice el perjuicio del patrimonio.