Un grupo de 50 personas interpusieron un Juicio de Amparo Indirecto por la omisión de la CONAGUA Y SACMEX de operar el sistema de drenaje profundo del Valle de México, y por no informar detalladamente las causas que originaron las inundaciones ocurridas en el municipio de Tula el 6 y 7 de septiembre.
La demanda de amparo fue presentada el pasado 29 de septiembre en el juzgado federal de Pachuca, bajo el expediente número 1197/2021, contra la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX); así como la Cámara de Diputados y el Gobierno de la Ciudad de México.
El grupo de inconformes reclamó que dichas autoridades operaron indebida e irresponsablemente el Túnel Emisor Central y el Oriente, ya que dichas infraestructuras desalojan el drenaje profundo de la Zona Metropolitana de México para solucionar el problema de inundaciones en la región, trasladando la problemática a los municipios del Valle del Mezquital.
Por ello, solicitan que se diseñen y ejecuten obras de infraestructura hídrica que permitan solucionar de fondo el grave problema del drenaje profundo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y a su vez, se prevenga otra inundación como sucedió en Tula en el mes de septiembre.
Solicitan ayuda de la SCJN
De acuerdo con los demandantes, a pesar de ingresar el juicio de amparo el día 29 de septiembre, fue hasta el 5 de octubre que el Juzgado Cuarto de Distrito, del vigésimo noveno circuito se declaró incompetente para conocer los actos reclamados, “cinco días después de su radicación, cuando el artículo 112 de Ley de Amparo prescribe que se debe resolver sobre su admisión en 24 horas”, manifestaron.
Explicaron que el juzgado envió el juicio a la Ciudad de México, ya que Conagua y Sacmex operan y radican en dicha ciudad; por ello, los demandantes están a la espera de que el juez en turno acepte o decline el caso, “lo cual puede tardar desde unos días hasta unos meses”, acusaron.
Por lo anterior, solicitaron la intervención del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar, y del Consejo de la Judicatura Federal para garantizar el acceso a la justicia, en los términos y plazos establecidos por la ley, con estricto apego a la legalidad y defensa y protección de derechos humanos.
