Pachuca.- El diputado Rodrigo Castillo Martínez, del grupo legislativo del PAN, propuso sanciones desde los 5 y hasta los 10 años en prisión para las y los funcionarios hidalguenses que no emitan una alerta ante el riesgo de desastres en la entidad.
Durante la sesión ordinaria número 28, el legislador panista recordó los hechos sucedidos hace tres meses en el Hospital del IMSS Tula, donde más de una decena de personas murieron “a causa, no solo por las inundaciones ocasionadas por las lluvias, sino también por indebidas omisiones humanas”, consideró.
Con dicha referencia, propuso que se contemple como delito la omisión de alerta de desastres, “de esta manera, el servidor público que en razón de su empleo, cargo o comisión, en los términos prescritos en la Ley de Protección Civil o de su Reglamento en la materia, omita emitir de manera oportuna, pronta y expedita la prealerta, alerta o alarma una vez que tenga conocimiento o sea informado de la existencia de un riesgo, alto riesgo, estado de emergencia o desastre inminente para la población, será acreedor a una sanción».
Las sanciones van de 5 a 10 años de prisión, así como la inhabilitación por hasta 12 años para ocupar cargos, y una multa de mil a dos mil unidades de medida y actualización (UMA) vigente, para los funcionarios que omitan la alerta una vez enterado de la existencia de un riesgo; en caso de existir personas lesionadas o sin vida, la pena se incrementará hasta dos tercios.
Mientras que, quienes tengan la obligación de informar a las autoridades de Protección Civil la existencia de un riesgo y no lo hagan, serán acreedores a una sanción de 4 a 8 años de prisión y multa de 800 a mil 600 UMAS.
“Con lo anterior se busca evitar que hechos como los acontecidos en Tula el pasado mes de septiembre se vuelvan a repetir, o en caso de que se repitan, estos no queden en la impunidad” detalló.
