La diputada Rocío Sosa Jiménez, a nombre del grupo parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para sancionar con hasta 4 años de prisión y una multa de 86 mil 435 pesos a quien retire sellos de clausura o suspensión de actividades colocados por autoridades para asegurar espacios comerciales, bodegas, u obras de construcción.
En la última sesión de la Diputación Permanente, la legisladora priista detalló que la propuesta reformaría el Código Penal para el estado de Hidalgo, para fincar más responsabilidades a los propietarios o responsables de diversos inmuebles que cometan el ilícito.
“El delito de quebrantamiento de sellos comprende cualquier acto material por el cual el sello deje de cumplir definitiva o transitoriamente la función para que fue puesto: salvaguardar los objetos y espacios asegurados por la autoridad competente”, explicó.
Añadió que, para constatar la materialización de la conducta es necesario que se fracturen los sellos, o bien, que la conducta desplegada sea idónea para hacer ineficaz su colocación mediante actos que impliquen daño, transformación o cambio de la materia sobre la que fueron colocados por disposición legal.
De ser el caso, la iniciativa propone prisión de dos a cuatro años y de 300 a 500 días de salario mínimo como multa, es decir de 51 mil 861 a 86 mil 435 pesos, a quien obligado por una resolución de autoridad competente a mantener el estado de clausura o de suspensión de actividades, no la acate.
Dichas penas aplicarán si se trata de un giro mercantil considerado de impacto zonal y que requiera licencia de funcionamiento; establecimientos dedicados al almacenaje de productos, o se trate de obras de construcción que requiriendo dictamen de estudio de impacto urbano y vial no cuenten con el mismo.
