Ante el inicio de campañas para la renovación de la gubernatura de Hidalgo, Julio Valera Piedras, coordinador del grupo legislativo del PRI en el Congreso local, presentó un acuerdo económico para exhortar a las autoridades electorales a vigilar y sancionar a los partidos políticos que difundan propaganda que contenga programas sociales con fines electorales.
Durante la sesión legislativa de este martes, el legislador tricolor aseguró tener confianza en que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) garanticen unas elecciones limpias, confiables y transparentes, así como una contienda electoral imparcial, libre y equitativa, para el próximo 5 de junio.
En ese sentido, propuso el acuerdo al indicar que nadie puede condicionar los programas sociales al apoyo por un partido en específico, pues dicha acción amerita prisión preventiva oficiosa, “en la Ley General de Desarrollo Social, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la Ley de Desarrollo Social de Hidalgo se establece que en la publicidad de los programas se debe mencionar que son públicos y ajenos a cualquier partido político, así como su prohibición con fines político-electorales”, añadió.
Asimismo, mencionó que se considera delito “el amenazar con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas o para la emisión del sufragio en favor de un candidato o partido político, o con la finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor, o en contra, de cualquier partido político o candidato”, precisó.
Por ello, pidió al INE y al IEEH vigilar, investigar y sancionar a los institutos políticos que difundan propaganda electoral que contenga programas sociales con fines electorales; mientras que, exhortó a los servidores públicos para que se abstengan de usar o permitir el uso de los recursos públicos, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionar una candidatura, partido político, candidatura común o coalición.
El llamado se extendió a la Auditoría Superior de la Federación para que efectúe una auditoría a los programas sociales federales que se han utilizado con fines electorales; a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para que vigilen e investiguen los delitos en su materia.
Al acuerdo se suscribieron Lisset Marcelino, Vanesa Escalante, Andrés Caballero, Noé Hernández, y Roberto Rico, este último solicitó que la propuesta fuera de urgente resolución debido al arranque próximo de las campañas electorales; mientras que Noé Hernández pidió extender el exhorto a las y los presidentes municipales de Hidalgo; el acuerdo fue turnado a la comisión correspondiente para realizar su estudio y análisis, a fin de someterlo a votación el próximo jueves 31 de marzo.
