La Procuraduría General de Justicia (PGJEH) y la Contraloría de Hidalgo investigan a dos secretarías de la administración estatal por su presunta relación con la red de corrupción de siete municipios que reveló el gobernador Julio Menchaca Salazar el pasado 20 de septiembre.
Así lo dio a conocer Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la PGJEH, quien precisó que derivado de las averiguaciones a las siete alcaldías, se encontraron elementos negativos en dos dependencias estatales, las cuales omitió revelar por el sigilo de las carpetas de investigación.
«Estamos hablando de posibles empresas fachada vinculadas tanto en el ámbito de las secretarías mencionadas como de los municipios. Sin embargo, no puedo dar datos por el deber del sigilo, pero evidentemente la convicción del gobernador es generar todas las acciones necesarias para que se pueda extinguir el dominio en aquellos casos donde el recurso, si así lo consideran los jueces, haya sido obtenido de forma ilícita», explicó.
Aunado a lo anterior, informó que la Procuraduría de Hidalgo inició cinco querellas más por contratos multimillonarios durante la pasada administración de la entidad, por lo que continuará trabajando en coordinación con la Contraloría para cumplir la política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.
Asimismo, Nieto Castillo señaló que el desvío de recursos extraordinarios no solo se trata de 200 millones de pesos, pues de acuerdo con las averiguaciones, podría tratarse de «cantidades mayores».
Intentan obstruir investigación
Tras el inicio de la investigación a la red de corrupción, el encargado de la Procuraduría de Justicia indicó que hubo un intento de impedir el flujo de información en el municipio de Huautla, uno de las siete demarcaciones involucradas.
Lo anterior también fue abordado por el gobernador Julio Menchaca, quien refirió que funcionarios y exfuncionarios que «tienen un interés en que no se llegue a conocer la verdad» han generado un tipo de consultas inadecuadas.
«Están queriendo obstaculizar, algunas personas han procurado o inducido a funcionarios municipales a que no estén transmitiendo los datos correctos», declaró.
