Mtro. Marco Antonio Trejo Sánchez
El derecho a la seguridad pública en nuestro país permite a su vez que se posibilite el derecho a la paz, ambos tienen como primicia el desarrollo máximo de las personas en condiciones de igualdad, por ello resulta fundamental el buen funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad en todos sus niveles, recordando que nuestra carta magna nos dice…Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”,
Esto va de la mano con el Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo,
La seguridad pública se ha convertido en una preocupación de la sociedad mexicana y, por tanto, en una de las prioridades por parte de las y los servidores públicos responsables de garantizarla; nuestro país ha experimentado diversas transformaciones en sus sistemas político, jurídico y social, que si bien demuestran una renovación en las instituciones del estado, éstas deben fortalecerse para garantizar un mejor nivel de seguridad pública; frenar el creciente problema de delincuencia es una responsabilidad compartida entre las fuerzas de seguridad y la sociedad en general.
Al estado mexicano le corresponde actuar con eficiencia, eficacia, honradez y determinación para lograr una cultura de paz en la sociedad, para lograr que impere un estado de derecho. En consecuencia, el respeto de la ley es la base para una convivencia social armónica; para que ésta garantice la seguridad de las personas y sus bienes, se requiere que en conjunto con las autoridades se conduzcan conforme a las leyes establecidas, y cuando éstas sean violentadas el estado actué y haga valer la ley, aplicando para tal fin al personal de seguridad publica actuando bajo los protocolos establecidos para sus funciones.
Ante esa perspectiva, el Estado mexicano, en sus tres ámbitos de gobierno, se encuentra obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución y el conjunto de leyes que de ella emanen, en beneficio de la sociedad. Entre esos beneficios destacan el pleno goce de los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones, así como el respeto de las personas hacia las autoridades de seguridad pública.
Entornos de inseguridad se agudizan con factores como: la pobreza, la falta de oportunidades laborales, económicas, educativas, de seguridad social y aquellas derivadas de la pandemia por COVID 19, así como una clara ausencia de controles efectivos sobre la actuación de los servidores públicos, lo cual genera que los programas de acción invariablemente arrojen resultados parciales, que en lugar de prevenir e investigar con eficiencia los delitos, un gran número de ilícitos se mantienen en la absoluta impunidad, lo cual afecta en mayor medida al eslabón más débil de la seguridad pública, las víctimas.
Por otra parte, no se puede aspirar a erradicar la impunidad si no se denuncian los delitos por parte de las víctimas, o si, una vez denunciados, las instituciones de justicia no les garantizan a ellas resultados que permitan la reparación del daño y a los testigos condiciones mínimas de seguridad y trato digno, pues en muchas ocasiones, debido a la pérdida de tiempo, dinero y por los riesgos que ello implica, se ven obligadas a abandonar el trámite de las carpetas de investigación o del proceso penal, por lo anterior es importante crear una cultura para denunciar los delitos y fomentar políticas que fortalezcan la seguridad publica.
Titular de la Dirección de Educación y Formación
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.
