El diputado Fortunato González Islas propuso ante el Pleno del Congreso una iniciativa que reforma el Código Penal para el estado, con el objetivo de que se impongan de 3 a 8 años de prisión y multa económica a los servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia que cometan dolosamente al retardar o entorpecer la impartición de justicia.
Señaló que en la actualidad, en el primer capítulo de dicho código bajo la denominación de Delitos Cometidos por los Servidores Públicos, del título 18, contempla que 33 conductas en las que se imponen un rango de penas de 3 a 5 años de prisión, por lo que aseveró que el juzgador tiene un margen reducido para realizar un adecuado proceso penal.
Cabe destacar que entre las conductas delictivas se encuentran retardar o entorpecer la administración de justicia, negarse la diligencia de averiguación previa de hechos previstos por la ley como delitos cuando sean denunciados legalmente, ordenar la aprehensión de un vínculo por delito que no amerite la pena privativa de libertad o sin que proceda denuncia, no resolver la situación jurídica de un inculpado dentro del plazo constitucional o en su caso la prórroga del mismo, entre otros delitos.
El legislador indicó que los delitos mencionados tienen en común poner en riesgo la libertad o patrimonio de los ciudadanos, además de vulnerar los derechos humanos en varias vertientes, atentan contra el debido proceso y pueden debilitar el andamiaje legal y el estado de derecho.
De acuerdo con el Informe Justicia Cotidiana del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) analizó la percepción de confianza de los ciudadanos en los sistemas de justicia y en los tribunales, por lo que las encuestas señalaron que un 44 por ciento de los mexicanos confían en los tribunales y su sistema judicial.
Expuso que la Carta Magna estatal en su artículo 89 mandata que son facultades del Ministerio Público (MP) velar por la legalidad como principio rector de la convivencia social, al mantener el orden jurídico, exigir el cumplimiento de las penas y proteger los intereses colectivos e individuales contra toda violación de las leyes.
