Por: Carlos R. Muñoz Moreno
Garantizar que las y los ciudadanos vivan tranquilos, que puedan transitar sin miedo por las calles, que se sientan seguros en su persona y en sus bienes es parte fundamental del Pacto Social, y uno de los pilares sobre los que se construye nuestra sociedad democrática.
A pesar de ello y de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno la percepción de seguridad ha sido uno de los elementos que han decaído de manera constante desde hace varios sexenios, por lo que una de las políticas públicas más importantes es la de fortalecer a los cuerpos de seguridad, pero entre los grandes retos y dificultades para ir consolidando este esfuerzo son de carácter económico y del descrédito que dichas fuerzas del orden también enfrentan.
Vayamos por partes, en primer lugar, hay un creciente descrédito de los cuerpos policiacos porque a los políticos les importa más su imagen que aplicar la ley y respaldar el uso de la fuerza cuando es necesario, para inhibir el crimen y prevenir actos delictivos, por lo que ahora cuando los policías actúan de acuerdo a sus facultades y su entrenamiento, son vistos como abusivos y satanizados en redes sociales. Este problema deviene en que ante ese descrédito social cada vez menos personas quieren ser policías.
Por otro lado, la urgente necesidad de profesionalizar los cuerpos policiacos deja indefensos a muchos municipios que tienen poca recaudación impositiva y la cobija presupuestal federal es insuficiente para ello mientras la ley exige que los elementos policiacos estén certificados, capacitados, bien entrenados, bien pagados, equipados, y con las prestaciones sociales indispensables para garantizar su salud y a sus familias.
Pero poco de esto es una realidad en la mayoría de las policías municipales del país, ya sea porque los fondos federales en materia de seguridad están etiquetados de manera que atan de manos a los munícipes o a que muchos ediles, bajo el velo de sus autonomías usan dichos fondos de manera equivocada.
Esto no significa que haya mala fe al actuar así sino que muchos alcaldes y alcaldesas ponen por encima necesidades urgentes antes que a sus policías, y bajo ese criterio se van posponiendo las necesidades de sus cuerpos de seguridad.
Reitero, si a eso sumamos que no hay recursos que alcancen, tenemos policías mal equipados, mal pagados, que trabajan bajo malas condiciones y con un injusto descrédito porque las redes satanizan el mal actuar de algunos elementos pero no reconocen la labor adecuada de la mayoría de ellos.
De allí el símil del título de este análisis: hoy los policías, y de manera particular los policías municipales, viven su propio viacrucis porque a pesar de hacer su trabajo, son juzgados, condenados y crucificados cuando lo que necesitamos son medidas que deben involucrar no solo al gobierno federal, a los estatales y a los municipios, sino a la ciudadanía, que sea capaz de respetar su autoridad y reconocer su trabajo, a los empresarios que deberían acostumbrarse a pagar impuestos con la conciencia de que dentro del mismo Pacto Social están obligados a cumplir con su parte para que todo funcione.
Es cierto, enfrentamos como nación un gran reto debido a que desde hace sexenios desde el poder se dejó crecer a mafias, cárteles y al crimen organizado, pero el primer paso para comenzar a revertir efectivamente este mal parte de la dignificación de nuestras policías municipales, de darles las condiciones necesarias para profesionalizarse, estar bien pagados, con seguridad social y con instalaciones y equipamiento en buenas condiciones.
Es un esfuerzo que tiene también ya algunos años en proceso pero requiere de un compromiso desde los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada para consolidarse, pero, mientras no pase, los cuerpos policiacos y de manera particular los municipales, seguirán viviendo sus cotidianos viacrucis
