A seis años de la tragedia de Tlahuelilpan aún no se ha realizado un programa de remediación ambiental en la zona, brindado atención a los 13 sobrevivientes de la explosión ni reforzado ni modernizado los mecanismos para vigilar los ductos de PEMEX.
Así lo informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través del “Informe especial con motivo del incendio de una toma clandestina de ductos de distribución de hidrocarburos propiedad de Petróleos Mexicanos, ocurrido al 18 de enero de 2019, en Tlahuelilpan Hidalgo”.
En el documento destaca que hubo negligencia y violaciones, por parte del Estado Mexicano y PEMEX, a los derechos humanos relacionados con la salud, integridad personal, protección del medio ambiente y el interés superior de la niñez.
¿Qué pasó en Tlahuelilpan?
La explosión se dio en un contexto de pobreza, presencia indígena y escasez de combustible, este último derivado de las acciones del “Plan Conjunto de Gobierno de la República para combatir el Robo de Hidrocarburo PEMEX”.
La multitud que se encontraba en la zona de la fuga “estaba en un estado de confusión y alteración de sus sentidos, debido a la inhalación accidental de los vapores químicos del combustible, lo que hizo materialmente imposible su control y retiro”.
La explosión dejó 151 personas lesionadas, de las cuales 138 fallecieron y solo 13 sobrevivieron, una tasa de letalidad del 91.4 por ciento. . A consecuencia de las pérdidas humanas, 134 infantes y adolescentes quedaron en situación de orfandad. Se destinaron 85.57 millones de pesos para atender la emergencia.
¿Cuáles fueron las omisiones?
La CNDH señaló que la SEDENA pudo haber contenido a la población inicialmente reunida, pero se justificó argumentando que los elementos fueron superados en número rápidamente.
Además los procedimientos de PEMEX en casos de tomas clandestinas tenían un enfoque correctivo sin incluir medidas preventivas y la Norma Oficial Mexicana aplicable ya había perdido vigencia.
“Cabe destacar que los recursos humanos y materiales que emplea y sigue empleando son insuficientes, ya que según lo manifestado por la empresa, el sistema SCADA, que utilizan no abarca la totalidad de los ductos, por lo tanto es necesaria la verificación manual y a pie de estos para identificar las tomas clandestinas, y en caso de detección la clausura no es inmediata, lo que evidencia un incumplimiento de las obligaciones derivadas del Marco jurídico aplicable en materia de hidrocarburos”.
También se identificaron daños ambientales severos ya que hay concentración de hidrocarburos en el área del canal de riego.
Los sobrevivientes no han accedido a una reparación integral del daño y se les ha estigmatizado y criminalizado “debido a la incapacidad institucional del estado para garantizar el goce y protección de derechos”.
¿Qué solicita la CNDH?
El organismo defensor exhorta a autoridades municipales, estatales y federales a elaborar un programa de remediación ambiental en la zona afectada, con ayuda de la comunidad y personas afectadas.
Así como diseñar y difundir una campaña en la zona y en municipios con mayor incidencia de “huachicol” para sensibilizar a la población respecto al riesgo que representa la extracción ilegal de combustible.
Coadyuvar con la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) para identificar a los responsables de estos ilícitos.
A PEMEX le exige que las personas sobrevivientes de la tragedia, reciban atención médica psicológica y de rehabilitación tras una valoración por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
También le solicita incrementar recursos humanos y materiales para modernizar los procedimientos y mecanismos empleados para la vigilancia de los ductos e implementar procesos referentes al respeto y protección de los derechos humanos.
