El asilo diplomático se mantiene como símbolo de la vocación humanista de México, pero también un terreno donde la historia, la ideología y la diplomacia se entrelazan en cada decisión estatal.
La figura del asilo diplomático constituye uno de los aportes más singulares y persistentes de la política exterior mexicana. Desde su consolidación en el siglo XX, México ha sostenido una postura humanista que asocia la protección de personas perseguidas con una responsabilidad moral y jurídica frente al mundo. Este principio, enraizado en los valores de solidaridad y respeto al derecho internacional, ha definido buena parte de la identidad diplomática del país y ha proyectado una imagen de coherencia en la defensa de la libertad política.
El asilo diplomático, entendido como la protección otorgada por un Estado en su misión diplomática o consular a personas cuya vida o libertad se encuentran amenazadas, se apoya en normas internacionales que México ha suscrito y promovido activamente. Entre ellas destacan la Convención sobre Asilo Político de Montevideo de 1933 y la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, pilares normativos que reconocen el derecho de los Estados a conceder asilo y la obligación correlativa de respetarlo. En el ámbito latinoamericano, estas convenciones consolidaron una práctica que combina tradición jurídica con una fuerte carga ética y política.
México asumió desde temprano este compromiso, convencido de que el asilo es un acto de protección frente a la persecución política y al mismo tiempo, una expresión de independencia diplomática. La historia nacional recoge casos paradigmáticos que han dado forma a esta tradición. En 1937, el general Lázaro Cárdenas otorgó asilo al líder revolucionario León Trotsky, gesto que convirtió al país en refugio de una figura mundialmente perseguida y reafirmó la vocación humanista del Estado mexicano. Décadas más tarde, durante las dictaduras del Cono Sur, cientos de ciudadanos de Chile, Argentina, Uruguay y otros países encontraron en las sedes diplomáticas mexicanas una puerta abierta para salvar la vida. Este legado, plasmado en los archivos históricos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es testimonio de una política constante de protección a quienes son víctimas de la intolerancia y la represión.
Un episodio especialmente recordado es el asilo otorgado a Víctor Raúl Haya de la Torre, líder peruano refugiado en la embajada de Colombia en Lima en 1949, que generó una de las discusiones más importantes ante la Corte Internacional de Justicia sobre la naturaleza del asilo diplomático. México, observador y participante activo en los debates internacionales de la época, consolidó su posición en favor de la soberanía moral del Estado para ofrecer refugio cuando la dignidad humana está en riesgo.
En tiempos recientes, esta tradición ha vuelto al centro del debate internacional. En abril de 2024, la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas provocó una crisis diplomática sin precedentes. México denunció la violación de su soberanía y del derecho internacional, mientras la comunidad internacional expresó un amplio respaldo a la posición mexicana. El episodio recordó que el asilo no sólo es una práctica jurídica, sino también una prueba de respeto a las normas que garantizan la convivencia pacífica entre los Estados.
Esta semana, la política exterior mexicana volvió a poner en práctica ese compromiso. La decisión de conceder asilo a la peruana Betssy Chávez derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México. Para el gobierno mexicano, la medida se encuentra plenamente sustentada en el derecho internacional y responde a una tradición de protección humanitaria que el país no está dispuesto a abandonar. La reacción peruana, calificada como desproporcionada por la cancillería mexicana, revela la complejidad actual del asilo diplomático: un acto de humanidad que, en contextos de polarización política, puede ser interpretado como una provocación.
En este punto, resulta indispensable reconocer el papel de los tomadores de decisiones en materia de política exterior. Las resoluciones que se adoptan en torno al asilo diplomático no sólo están vinculadas con una tradición nacional, sino también con las orientaciones ideológicas y los contextos políticos de cada gobierno. La visión del asilo como derecho humano o como instrumento de posicionamiento internacional varía según la sensibilidad política de quienes conducen la diplomacia. Así, el asilo se convierte en una herramienta que puede reafirmar principios éticos universales o, en algunos casos, reflejar posturas ideológicas que impactan en la relación con otros Estados. De ahí la importancia de que las decisiones en política exterior sean analizadas no solo desde su legalidad, sino desde su coherencia con los valores y la visión de país que representan.
El asilo diplomático plantea así una tensión inevitable entre principios y pragmatismo. Por un lado, representa la defensa de los derechos humanos frente a la persecución política; por el otro, implica riesgos diplomáticos que requieren equilibrio y prudencia. México se ha mantenido firme en la convicción de que ofrecer asilo es un deber ético y una contribución al derecho internacional, no un gesto inamistoso. Esa postura ha permitido al país mantener una línea de coherencia en el tiempo, incluso cuando las circunstancias políticas o las críticas externas la ponen a prueba.
La tradición mexicana del asilo diplomático, lejos de ser una reliquia histórica, constituye un instrumento vivo que proyecta los valores más profundos de la diplomacia mexicana: la solidaridad, el respeto a la vida y la defensa de la libertad. En un escenario global marcado por la fragmentación política y la desconfianza, esta práctica sigue siendo un recordatorio de que la política exterior puede tener un rostro humano. Sostenerla con coherencia jurídica, serenidad diplomática y responsabilidad ideológica será, sin duda, uno de los grandes retos de México en el siglo XXI. ¡Hasta pronto!
Sydne Mariel Mendoza Mera
