Durante el 2025 el gobernador hidalguense Julio Menchaca, presentó ante el Congreso estatal siete iniciativas, las cuales están enfocadas en reformar el marco institucional del estado, fortalecer el servicio público, optimizar recursos, mejorar la justicia y modernizar la administración estatal.
La primera de las propuestas se enfocó en la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, con la cual se buscó establecer nuevos mecanismos de elección de jueces y magistrados en la entidad, cuya elección está prevista para el 2027.
Con el objetivo de mejorar la atención ciudadana y evitar el pago de rentas, además de concentrar dependencias, el mandatario estatal propuso una modificación al Presupuesto de Egresos del 2025 para la construcción del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CASP), cuyo gasto asciende a 2 mil 900 millones de pesos.
Otra iniciativa enviada por Menchaca Salazar al Legislativo fue la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública estatal (ITAIH), en armonía con la reforma federal de 2024, con el objetivo de eliminar duplicidades, optimizar recursos y redirigir el gasto a funciones sustantivas.
Además presentó otra iniciativa para dotar de autonomía al Tribunal de Justicia Administrativa del estado (TJAEH), para garantizar una justicia administrativa más ágil, imparcial y evaluable por desempeño, evitando la inamovilidad de magistraturas.
Mediante una reforma a la Ley de Entidades Paraestatales se crearon Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo, con estructuras más flexibles, técnicas y eficientes para mejorar los servicios públicos, así como una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, con la que se fortalecieron las facultades de la comunicación gubernamental y se cambiaron denominaciones de áreas del Ejecutivo.
En el paquete de iniciativas ingresadas a finales del 2025 se integra una reforma a la Ley de Adquisiciones, que busca hacer más transparentes y eficientes las compras públicas, actualizar el padrón de proveedores, fortalecer el cumplimiento contractual y mejorar la comunicación institucional.
