El pleno del Congreso del Estado de Hidalgo se convirtió este martes 21 de abril, en el escenario de un inédito contraste de visiones entre integrantes de la bancada de Morena y diversas fuerzas políticas. La reciente revocación del comodato del edificio que ocupa la Fundación Arturo Herrera Cabañas (FAHC) detonó un debate que escaló de lo administrativo a lo ideológico, poniendo frente a frente la memoria del movimiento civil y la disciplina institucional.
La diputada Tania Meza abrió el debate apelando a la congruencia ideológica. Con un discurso que se valió de la identidad del movimiento, la legisladora recordó que la estructura actual de la llamada «Cuarta Transformación» fue cimentada por figuras y organizaciones de la sociedad civil que hoy, desde su perspectiva, enfrentan el olvido de las instituciones.
«A mis compañeras y compañeros les recuerdo que esta izquierda generosa construyó con vidas humanas, con sangre, sudor y lágrimas el triunfo que se materializó en 2018», señaló Meza, quien además lanzó un llamado directo a los «recién llegados» al proyecto político para corresponder con gratitud a la lucha de quienes edificaron las bases del movimiento en el estado.
En respuesta, las diputadas Liz Ordaz, Mónica Reyes e Hilda Miranda sostuvieron que el debate debe centrarse en la legalidad y el interés público sobre el particular.
Miranda defendió firmemente el proyecto estatal del Ejecutivo, señalando la necesidad de consolidar el ordenamiento de los bienes públicos bajo la visión de la actual administración.
Por su parte, Ordaz subrayó que la ley en Hidalgo no es negociable y que el patrimonio estatal no puede destinarse a fines mercantiles, calificando como una «inconsistencia» el trasladar causas sociales a una lógica de intereses privados.
A su vez, Cynthia Delgado reconoció la legalidad del acto pero pidió proteger la autogestión cultural, mientras que el priista Marco Antonio Mendoza Bustamante resaltó la congruencia y «la lealtad a uno mismo» de Meza al defender sus ideales frente a su propia bancada.
Este intercambio ocurre tras los reportes de Protección Civil y la Coordinación Jurídica estatal sobre irregularidades estructurales, incluyendo la falta de dictámenes de seguridad y la operación de una cafetería sin permisos. Mientras el Gobierno estatal planea convertir el edificio en el «Museo de la Ciudad».
