La asunción de las consecuencias de los errores en política es un mecanismo moral de control que se aplica en muchos lugares del mundo. Desafortunadamente, en México la regla es no hacerlo.
Un corto recuento de esas acciones es claro.
En marzo de 2023, en Grecia, dos trenes, uno de pasajeros y otro de carga, circulaban sin mayores problemas, salvo que lo hacían en la misma vía y en sentidos encontrados. El resultado fue un choque de frente que dejó 48 muertos.
Apenas horas después del percance, quien era en ese momento el ministro de Transportes, Kostas Karamanlis, presentó su renuncia como una “señal de respeto” a quienes habían muerto en esa ocasión.
La dimisión se produjo a pesar de que fue detenido el jefe de una de las estaciones, muy cercano por sus funciones a las causas del accidente, pero Karamanlis reconoció no haber hecho lo necesario para volver eficiente un sistema que no está a la altura del siglo XXI, acotó él mismo.
Más de una década antes, en 2012, John Bryson, quien era el secretario de Comercio de Estados Unidos, impactó en una autopista de California al vehículo que circulaba delante suyo. Escapó del lugar pero solo para tener otra colisión. Días después decidió renunciar al cargo para “evitar la distracción de sus funciones” de empleados y funcionarios del departamento a su cargo en el gabinete de Barack Obama, según explicó.
Uno de los más “famosos” hechos de accidente y renuncia de políticos fue el hundimiento del transbordador Sewol frente a las costas de Corea del Sur el 16 de abril de 2014.
Para la sociedad surcoreana fue particularmente doloroso que del total de 476 pasajeros que viajaban en la nave, 330 fueran estudiantes de secundaria rumbo a una excursión a un balneario.
La causa general del hecho fue que el buque, también con carga a bordo, iba sobrecargado, una circunstancia que ya había sucedido en 1970 con otro navío, y la investigación correspondiente mostró que en el Sewol se había triplicado el peso permitido, junto a que la nave siguió una ruta diferente a la usual.
La indagatoria también arrojó que el capitán virtualmente huyó pues se contó entre los primeros en dejar el barco, conducta por la cual pasó cinco años en prisión.
De la misma manera quedó al descubierto que la sobrecarga y las adecuaciones al buque para permitirla eran responsabilidad de la empresa dueña del transbordador, la Hayashikane, encabezada por el líder del grupo religioso Salvación Ismo, quien desapareció y fue encontrado muerto un mes después.
Pero la culpa mayor recayó en la presidente de Corea del Sur en ese entonces, Park Geun Hye, quien no salió de inmediato a los medios y demoró en supervisar el rescate. La investigación policial y política encontró dos años después, que las siete horas que demoró en salir a la opinión pública, había estado en su casa en compañía de su amiga Choi Soon Sil, quien tomaba decisiones importantes que corresponderían solo a la mandataria, la cual finalmente tuvo que renunciar y pasó cinco años en prisión.
La salida de funcionarios tras hechos como los descritos muestran varias situaciones. La primera es que debe de haber un poder judicial y legislativo pendientes y actuantes. Pero también, detrás de ellos, la sociedad exigiendo cuentas. Si la sociedad solo se conmueve pero no exige cuentas, el funcionario a cargo del área donde se registró el accidente, no tendrá que rendir cuentas ni renunciar.
Todas estas reflexiones vienen a cuento tras la caída del templete de un acto de campaña de Movimiento Ciudadano, el pasado 22 de mayo en San Pedro Garza García, Nuevo León. Una semana después el Congreso de la Unión a través de la Comisión Permanente ha guardado un minuto de silencio.
El gobierno de Nuevo León, por su parte, anunció 400 mil pesos de indemnización a familiares de las nueve personas fallecidas, y con 100 mil a los lesionados.
Nada se sabe de consecuencias sobre las autoridades municipales que a final de cuentas son las primeras responsables del hecho, y si bien es cierto que la candidata a la alcaldía de San Pedro, no era directamente responsable del hecho, su renuncia era moralmente obligada y en el marco de su elección de colaboradores que a su vez seleccionen empresas eficientes y responsable.
Pero en México existen múltiples ejemplos de situaciones similares donde la responsabilidad política parece ser un concepto de otro mundo. Esta es también una fuente que alimenta la impunidad.
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