La consulta respecto al destino del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, es en sí mismo, un ejercicio inédito, aunque no por ello puede decirse que benéfico ya que carece de sustento legal y representa además un riesgo incluso con tintes políticos.
Así lo consideró el presidente del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), Fernando Treviño Núñez, al tiempo de asegurar que no participará en dicho ejercicio.
Insistió que la logística de la propia consulta es absurda ya que es abierta incluso para quienes ni siquiera utilizan este medio de transporte y se encuentran en localidades muy alejadas.
Advirtió que el tema no solo se trata de “viajar en avión” sino de muchas otras implicaciones: económicas, de seguridad nacional, comercio exterior o turismo.
El representante empresarial lamentó que se haya llegado hasta este punto e insistió que con esta “consulta” se abra la puerta para dirigir el país de manera equivocada o que se busque respaldar decisiones erróneas.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (CCE) reafirmó que la decisión para determinar el futuro del nuevo aeropuerto debe recaer en instituciones especializadas y facultadas que hayan estudiado previamente los aspectos técnicos que una decisión de esta envergadura conlleva.
Recalcó que no es a través de una consulta pública ciudadana como lo ha planteado el gobierno federal de transición, aunado a que jurídicamente no cuenta con validez ni sustento, dado que no ofrece las garantías necesarias para determinar como válido este proceso.
«El gobierno federal de transición debe fundamentar las decisiones en estudios sustentados por instituciones especialistas en el tema, ya que la decisión sobre la ubicación y construcción del Aeropuerto debe considerar aspectos técnicos como: viabilidad aeronáutica, costo y financiamiento, rentabilidad económica, capacidad demandada, conectividad y tráfico aéreo, por mencionar sólo algunos».
Añadió que una consulta ciudadana indudablemente abona al desarrollo y consolidación de una democracia; sin embargo, ésta debe basarse primordialmente en lo que estipula la Ley Federal de Consulta Popular, procurando mantener la imparcialidad y objetividad en el proceso supeditada al conocimiento que los especialistas tienen en la materia, ya que la decisión sin duda puede abonar o perjudicar en la certidumbre de nuestro país.
Consideró que una consulta ciudadana pone en duda la objetividad del mecanismo, pues desde la formulación se carece de garantías de objetividad ya que hasta el momento no explica por ejemplo cuál fue el mecanismo para determinar la muestra de un universo tan grande como lo es México, cómo se definieron los municipios y la ubicación de mesas de votación.
Asimismo el CCE de Puebla puso en duda si se comprobó el nivel de error y confianza para poder declarar como válida la consulta una vez concluida y de qué manera se garantizará la seguridad e integridad en la votación.
El CCE Puebla se unió al llamado del organismo empresarial nacional para que las instancias competentes garanticen y mantengan la promesa de neutralidad ante la toma de decisiones, sin que se ponga en riesgo el contexto de inversiones.
