El estado de Puebla es el primer lugar nacional en suicidios de personas privadas de libertad, y es, además, el primer lugar nacional en desordenes al interior de las prisiones, reveló el informe: La Tortura en México.
El estudio presentado por la Red Nacional de Organismos Civiles en Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (TDT) y el Instituto de Derechos Humanos «Ignacio Ellacuría» (Idhie) de la Universidad Iberoamericana (UIA) de Puebla, destaca que existen “autogobiernos” al interior de las cárceles como el de Puebla, San Pedro Cholula y Huauchinango, así como sobrepoblación.
Tadeo Luna de la Mora, del Idhie, explicó que una preocupación que resalta en la entidad involucra a la utilización de la prisión preventiva, donde se encontró que durante 2018 se dio un aumento paulatino de personas en esta situación.
“Por un lado pareciera que, a partir del 2015, 2016, con la reforma penal se libera un poco el sistema, donde menos personas ingresan a presión preventiva, parece que el mismo sistema se está como volviendo a su lugar”, lamentó.
Agregó que es preocupante, además, la situación de mujeres en las prisiones, por falta de políticas penitencias con enfoque de género.
En los últimos seis años hubo 4 mujeres víctimas de tortura, datos que contrastan con las 61 quejas interpuestas por la comisión por tratos inhumanos o denigrantes.
De 2010 a 2016 el Tribunal de Justicia del Estado de Puebla solo ingresó una causal penal por delito de tortura.
“Y cuanto le preguntamos sobre sentencias no supo darnos respuestas”, evidenció Tadeo Luna.
En centros penitenciarios estatales, cuestiones como el hacinamiento, la inadecuada distribución de espacios para la clasificación, la falta de condiciones básicas de higiene, malos tratos y falta de acceso a oportunidades laborales o formativas son situaciones normalizadas.
Basados en los datos del diagnóstico nacional penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2018, se refleja que la calificación que han recibido las prisiones poblanas ha decrecido y han quedado por debajo del promedio nacional.
El comité contra la tortura recomienda a las autoridades municipales y estatales eliminar la sobreocupación y derogar los preceptos que disponen prisión preventiva obligatoria.
