La crisis migratoria por la que atraviesa el país confirma que no es lo mismo ser borracho que cantinero, particularmente para las autoridades que en 2018 eran electas y hoy son responsables de la conducción del país.
Lo anterior viene a colación porque en octubre de 2018 siendo presidente electo López Obrador ofreció a los migrantes centroamericanos y de otras partes del mundo una política de puertas abiertas y hasta empleo en el Tren Maya les prometió, pero en septiembre de 2021 esas mismas puertas están cerradas.
Aprovechando su condición de no tener responsabilidad formal alguna en la conducción del país criticó la política migratoria del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien en ese entonces (octubre de 2018) ya ni decisiones tomaba.
En diciembre de 2018 y siendo ya López Obrador presidente constitucional ofreció a través de la Secretaría de Gobernación un total de 13 mil visas humanitarias a los migrantes que ingresaron al país, las cuales les garantizaban residir en territorio nacional e incluso llegar a la frontera con los Estados Unidos, situación que claramente contravenía la política migratoria del vecino país del norte, mismo que de inmediato tomó nota y buscó un mecanismo que le permitiera evitar que los migrantes procedentes del sur avanzaran libremente hasta su frontera con México.
Fue así como en abril de 2020 y previendo un eventual endurecimiento de las medidas para evitar el flujo migratorio por parte de los Estados Unidos, las autoridades mexicanas dejaron de entregar dichas visas.
Lo que vendría después sería un giro de 180 grados en la política migratoria del gobierno de la 4T, me refiero a los efectos de la amenaza del gobierno estadounidense del 30 de mayo de 2020 cuando anunció que impondría aranceles a los productos mexicanos si nuestro país seguía dejando que migrantes llegaran sin restricción alguna hasta su frontera.
Ante esta situación a López Obrador no le quedó más remedio que acepar los términos planteados por Donald Trump en el sentido de que habría que frenar el flujo migratorio a costa de lo que fuera, incluyendo la detención y deportación de los indocumentados que estuvieran en territorio mexicano y con mayor razón los que pretendieran avanzar hacia el norte desde la frontera sur.
El 7 de junio de ese mismo año autoridades mexicanas y estadounidenses alcanzaron un acuerdo que “obligaba” a México a desplegar efectivos del ejército y de la Guardia Nacional, que para efectos son lo mismo, así como del Instituto Nacional de Migración, para impedir que migrantes ingresen a México y avancen hacia la frontera con Estados Unidos.
Como era de esperarse, el gobierno de la 4T inmediatamente trató de deslindarse del recrudecimiento de dichas medidas y del trato que a partir de ese entonces recibirían los migrantes a los que dos años antes les había ofrecido visas humanitarias y trabajo en sus proyectos emblemáticos del sureste.
En este sentido señaló que no los dejaría pasar por el peligro que representa moverse a través de territorio nacional, con mayor razón en la frontera norte, ante la presencia de carteles de la droga y otros grupos delictivos, quienes les podrían hacer daño, incluso secuestrar o desaparecer. Lo que no dijo fue que su política de “abrazos, no balazos” es en parte responsable de que los grupos criminales operen con impunidad en varias regiones del país.
Desde entonces la política migratoria del gobierno de México no ha cambiado, peor aún se ha agudizado, toda vez que en fechas recientes se han documentado violaciones a los derechos humanos de los indocumentados, en particular haitianos y centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia, sin que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se atreva a iniciar una denuncia o recibir las quejas, ya no digamos emitir una Recomendación como aquellas que demandaban quienes hoy encabezan dicho organismo y los que gobiernan el país.
Tan solo en las últimas dos semanas han sido desintegradas 4 caravanas migrantes y detenidos un sinnúmero de los participantes, llegando al extremo de “cazarlos” en calles, avenidas, hoteles, espacios públicos y “dormitorios” hasta convertir a la ciudad fronteriza de Tapachula en una auténtica “ciudad cárcel”, algo que nadie se imaginó que un gobierno humanista, de izquierda y democrático llevaría a cabo.
Sin embargo, todo es posible a partir de las “mentiras” que el gobierno de la autodenominada 4T ha dicho y maromas para no salir afectado.
Solo que cruzada la línea que divide la mitad del camino ya no es válido acusar a los gobiernos anteriores porque son ellos mismos y tendrán que asumir sus responsabilidades y costos, así es que a ponerse el traje de cantinero porque el de borracho ya se desgastó.
Hoy más que nunca aplica la máxima de que el hombre y el gobernante deciden una cosa pero las circunstancias dictan otra.
