Ya que la pasada administración municipal que encabezó la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco no solventó el 88.1 por ciento de las más de 2 mil observaciones en el proceso entrega-recepción, el cabildo de Puebla aprobó enviar el dictamen final a la Auditoria Superior del Estado (ASE) e instruyó una investigación en contraloría. 

En sesión extraordinaria de cabildo, la secretaria general Silvia Tanús Osorio leyó todos los anexos correspondientes al periodo 2018-2021.

En este sentido, dijo que de las 2 mil 83 observaciones, solo 249 fueron comprobadas.

Antes de la votación, que al final quedó con 19 a favor, cinco en contra de la coalición Juntos Haremos Historia, y una abstención de Leobardo Rodríguez , la síndica Guadalupe Arrubarena dio a conocer que los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia viciaron su posición y su voto, ya que participaron en una rueda de prensa con la comisión saliente, quebrantado de esta forma sus principios e incurriendo  en un conflicto de intereses.

“Están impedidos para emitir opinión, no es válida ni legitima para la toma de decisiones en el cuerpo colegiado. Los deslegitima para defender este punto. Esto es delicado, la ley de entrega-recepción dice que los regidores somos ajenos, ya no es como era antes. Usurparon una función que no les compete”.

Incluso, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez les informó el conflicto de intereses establecido en el artículo 76 y el cual traería consecuencias. 

El regidor del PT, Ángel Rivera Ortega calificó la mención como ley mordaza y una amenaza para no participar, sin embargo, el edil reviró diciendo que no había tal, ya que estaba haciendo uso de la palabra.

Al final, el edil Eduardo Rivera Pérez sostuvo que el cumplimiento de la ley nunca será amenaza: “es muy fácil poner pretextos y argumentos políticos o descalificaciones como las que han escuchado en lugar de hacerse responsables de sus actos, que la ley y la ciudadanía juzgue”.

 

Algunas anomalías de Claudia Rivera

La comisión saliente no entregó documentación sobre los recursos económicos y que se administraran con honradez, eficacia y transparencia.

En el ejercicio fiscal 2019, en materia de adquisiciones de bienes y servicios, se celebraron 773 contratos con un monto de mil 580 millones 393 mil 386 pesos; en 2020 fueron 707 contratos por un monto mil 464 millones 954 mil 52 pesos, y en el 2021 un total 731 contratos por un monto de mil 299 millones 960 mil pesos.

De acuerdo a lo detectado, la celebración total fue de 4 mil 345 millones 307 mil 790 pesos, pero la comisión saliente no llevo a cabo la entrega a la comisión entrante de documentación justificativa, relativa a la debida planeación, presupuestación, licitación y adjudicaciones de los estados administrativos, es decir, no existen documentación de aprobación o de justificación de gasto respecto a bienes y servicios por el referido monto.

Además, no existen documentos de comprobación de gasto sobre 2 mil 112 millones 725 mil 934 pesos de obras públicas.

Silvia Tanus citó que en 2019, la comisión saliente reportó 225 contratos por un monto de 473 millones 793 mil 602 pesos; 2020, 182 contratos por 775 millones 84 mil pesos, y 2021, 181 contratos por una cantidad de 863 millones 847 mil pesos; en total fueron 588 contratos por 2 mil 112 millones 725 mil pesos.

“La comisione salientes no llevó a cabo la entrega de documentos de planeación licitación y ejecución de los contratos, esto es que no existen documentos de comprobación de gasto sobre 2 mil 112 millones 725 mil 934 pesos”.

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