Las sociedades democráticas y plurales son puestas a prueba cada vez que dos derechos, igualmente legítimos, pero también igualmente manipulables y tergiversables, chocan.
En México, estamos a la mitad de uno de dichos encontronazos la defensa de nuestra libertad de expresión, por un lado, y, que sea la batería de reformas en el sector telecomunicaciones propuesta por Palacio Nacional la que, con su actual redacción, por medio de la Agencia de Innovación y su titular José Merino, da a la Dra. Sheinbaum facultades como ningún otro Presidente ha tenido, para limitar nuestra capacidad de expresarnos, al poder bajar el interruptor del medio (impreso o electrónico), canal, red social o plataforma que usemos para manifestar nuestros puntos de vista y, de esta manera, protegernos de peligros como la infodemia[1] o el mal gusto de la campaña de Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Interior en los EE.UU. contra los migrantes y los empresarios que tuvieron el tino de transmitir el spot por televisión abierta.
¿Vale la pena sacrificar la libertad de expresión? Creo que no, pues México enfrenta retos mucho más graves que las “fake news”, el mal gusto de Miss Noem o la programación de comerciales de las televisoras -que podrían, perfectamente, tener códigos explícitos y autorregularse como industria-; de hecho, limitar la libertad de expresión no sólo no ayuda a solucionar los problemas del México actualLa sino que, como argumentan los Nobel en Economía 2024 Acemoglu y Robinson en “Why Nations Fail”, los profundice.
Aún más, hay que tener siempre presente que, desde Voltaire hasta la actualidad, se defiende a la libertad de expresión no por pose o conveniencia, sino porque es la plataforma sobre la que se construyen y articulan el resto de las libertades de las que gozan las y los ciudadanos en las sociedades democráticas. No renunciemos a lo que nos hace individuos libres en sociedades funcionales. Mucho menos, a cambio de nada.
[1] De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la “infodemia” es el exceso de información, incluida la falsa o engañosa, en entornos digitales y físicos, que puede provocar confusión y conductas de riesgo que pueden perjudicar la salud en la población e incluso desconfiar de las autoridades.
